Una delegación de eurodiputados del comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, que visitó Madrid el pasado febrero, concluye que el Estado de derecho en España se mantiene “estructuralmente sólido” y sustentado en un “marco constitucional maduro”. El informe final, impulsado por el grupo del Partido Popular en la Eurocámara, destaca los buenos resultados generales del sistema, a pesar de advertir de diversos factores de riesgo. Los eurodiputados señalan que las instituciones funcionan dentro de los parámetros constitucionales y que hay reformas en marcha. Con todo, alertan de que las tensiones políticas y los desacuerdos institucionales podrían acabar mermando la confianza ciudadana. Según el documento, el reto principal no es la falta de garantías formales, sino la necesidad de alcanzar acuerdos amplios y estables que refuercen la imparcialidad y la alineación con los estándares europeos.
La delegación de eurodiputados evaluó “la independencia judicial”, “los esfuerzos anticorrupción” y “el estado de los valores europeos” en España. La misión la integraron el eurodiputado del PP y presidente del comité LIBE, Javier Zarzalejos, la eurodiputada del partido neerlandés Demócrata 66 Raquel García Hermida-van der Walle, el eurodiputado italiano del Partido Democrático Alessandro Zan, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé y la eurodiputada de la Nueva Alianza Flamenca Assita Kanko.
La misión, formada por representantes de diversos grupos políticos europeos, tenía como objetivo analizar la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el respeto a los valores europeos. Durante la estancia, los eurodiputados se reunieron con miembros del gobierno, del poder judicial y de otros organismos institucionales, incluyendo el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y fuerzas de seguridad. En sus conclusiones, remarcan que España continúa obteniendo valoraciones positivas en los informes de la Comisión Europea y que ninguno de los interlocutores consultados apuntó a un deterioro sistémico. No obstante, identifican una creciente polarización política que se refleja en el funcionamiento institucional y que podría afectar la percepción de imparcialidad del sistema.
En cuanto a la corrupción, el informe reconoce que el gobierno ha priorizado la adaptación a la normativa europea, pero apunta carencias en recursos e independencia de los órganos judiciales y fiscales. También señala que diversas recomendaciones internacionales aún no se han aplicado completamente, especialmente en materia de transparencia y rendición de cuentas, y alerta de un empeoramiento en la percepción ciudadana de la corrupción.
Críticas al sistema de elección del CGPJ
La independencia judicial es uno de los puntos más sensibles detectados durante la visita. El sistema de elección de los jueces y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial generan discrepancias y preocupaciones, tanto por el elevado número de plazas como por la influencia de asociaciones profesionales. Aunque estos factores no implican por sí solos un problema estructural, su impacto acumulado puede erosionar la confianza pública.
En cuanto a los medios de comunicación, el informe no detecta limitaciones sistémicas a la libertad de prensa, pero sí inquietudes en un contexto de fuerte polarización. En este sentido, recomienda reforzar las garantías de independencia periodística y la protección de las fuentes. Finalmente, la delegación lamenta no haber podido reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni con el ministro de Justicia, hecho que, según indican, limitó el diálogo directo con el ejecutivo sobre cuestiones clave relacionadas con el Estado de derecho y la rendición de cuentas.