El exconseller de Cultura y diputado de Junts, Lluís Puig, ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que acuerde la medida cautelar de suspensión del orden de detención que le mantiene en vigor el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por el 1-O, mientras analiza el fondo del recurso de amparo que le ha presentado. En el recurso al TC, su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, expone que el Tribunal Supremo le ha vulnerado tres derechos fundamentales. El primero es el derecho a un juez predeterminado por ley, es decir, que tendría que ser el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el competente para investigarlo en lugar del Supremo, porque es diputado en el Parlament. La segunda vulneración es a la tutela judicial efectiva por no recoger correctamente los hechos que se le imputan, y la tercera es la vulneración de la legalidad penal porque el Supremo mantiene "una clara resistencia" a aplicarle la ley de amnistía de 2024, y así no archiva la causa contra él, según el escrito presentado este jueves, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat.
La sala de lo penal del Tribunal Supremo, el abril pasado, dio la razón al juez Llarena, y validó que no les aplique la norma del olvido penal, ya que sostiene que con el Referéndum del 1-O malversaron y tuvieron un enriquecimiento personal que la ley fija que en este supuesto no pueden ser exonerados. Y, por eso, el magistrado mantiene la orden de detención en el Estado español del president en el exilio, Carles Puigdemont, como también a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, que desde hace casi ocho años no pueden volver a Catalunya. En el recurso al mismo Supremo, el abogado del presidente, Gonzalo Boye, acusó a los magistrados del alto tribunal español de atacar el estado de derecho" con su posicionamiento enrevesado y alejado de la voluntad del legislador.
Pendientes del TC
El Tribunal Supremo también se ha negado a aplicar la amnistía a los exconsellers condenados por malversación el 1-O (Jordi Turull, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa), y todos ellos ya han presentado recurso de amparo al TC. Además, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha solicitado la medida cautelar que se le levante la inhabilitación —que se les mantiene en vigor porque el Gobierno del PSOE no les indultó, como la pena de prisión— hasta que resuelva el fondo. La Fiscalía se pronunció contra esta medida, al asegurar que no se les perjudica porque hasta el 2027 no hay, inicialmente, elecciones.
Por su parte, el Tribunal Constitucional ya ha fijado que a finales de junio tiene previsto debatir y votar el primer recurso contra la ley de amnistía, presentada por el PP. Se apunta que avalará la ley, pero tendrán que ser los tribunales ordinarios —en este caso el Supremo— quien decidan aplicarla y como. Y, si no es una sentencia clara y contundente, se prevé que todo continúe bloqueado en el delito de malversación.
En el caso de Puig, su abogado recuerda que se le imputa por haber autorizado un pago a la empresa Unipost para repartir las notificaciones a los miembros de las mesas electorales del 1-O. Fue una partida de 196.696 euros, al final no pagada. Y las sucursales de la empresa estaban en Terrassa y Manresa, y, por tanto —insiste Alonso-Cuevillas—, ninguna competencia tiene el Supremo para investigarlo o juzgarlo; tiene que ser el TSJC si es aforado, como ahora, o un juzgado catalán, donde pasaron los hechos.