La Mesa del Parlament ha acordado imponer una amonestación pública a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y al portavoz de Vox, Joan Garriga, después de que la Comissió de l'Estatut dels Diputats concluyera que ambos habían incurrido en una falta leve por incumplir el código de conducta de la cámara. En concreto, los dictámenes consideran que han vulnerado el artículo 7, que obliga a los diputados a mantener una actitud "ejemplar y respetuosa". Según han explicado fuentes parlamentarias, las amonestaciones se publicarán en el Butlletí Oficial del Parlament, se comunicarán formalmente a los afectados y se leerán en el próximo pleno. Al tratarse de una falta leve, la Mesa ha descartado cualquier sanción económica.
La decisión culmina un procedimiento que se remonta al 14 de julio, cuando la Comissió de l'Estatut dels Diputats propuso sancionar a Orriols y Garriga, dejando en manos de la Mesa la concreción de la medida. El código de conducta prevé para estas infracciones desde una amonestación pública hasta multas de entre 600 y 12.000 euros, pero finalmente se ha optado por la vía más suave.
Señalamiento y falta de decoro
En el caso de Orriols, el expediente se abrió a raíz de varias intervenciones en las que acusó a la diputada de ERC Najat Driouech de "normalizar el fundamentalismo islámico" por el hecho de llevar velo, así como otras expresiones reiteradas contra ella. La comisión concluyó que estas manifestaciones constituían un "señalamiento" incompatible con el decoro parlamentario y advirtió que "no se puede acosar a un diputado". En cuanto a Garriga, la falta leve deriva tanto de sus declaraciones sobre el expresident de la Generalitat Lluís Companys —incluyendo la polémica expresión "Companys asesino"— como de unas palabras en un pleno de mayo de 2025, en las que acusó a los socialistas de "gastarse el dinero en drogas y putas".
La comisión, reunida a puerta cerrada y con participación de los servicios jurídicos del Parlament, subrayó que "la libertad de expresión debe ser compatible con el código de conducta" y remarcó la necesidad de evitar "el acoso y el señalamiento sistemático" dentro de la cámara.
Sin sanción para Calvet y nuevos expedientes a Vox
En paralelo, la Comissió de l'Estatut dels Diputats también analizó el caso de la diputada de Vox Júlia Calvet, que finalmente quedó enmarcado dentro del derecho a la libertad de expresión y sin sanción. Sin embargo, el órgano ha acordado abrir cuatro nuevos expedientes a diputados de Vox. Uno de ellos afecta a Alberto Tarradas por haber insinuado la deportación de Driouech; otro, a Rafael Villalonga, por calificar a la CUP de "delincuentes"; y dos más vuelven a situar a Calvet y María García Fuster en el punto de mira por varias declaraciones polémicas, entre ellas la reiteración de "Companys asesino" en comisión.
Hacia una reforma del reglamento
A raíz de estos casos, la Mesa también ha recibido la propuesta de la comisión de trasladar a los grupos parlamentarios la necesidad de reformar el reglamento del Parlament para dotarlo de rango de ley y concretar mejor los supuestos sancionables. El objetivo es, según apuntan fuentes parlamentarias, reforzar los mecanismos para actuar ante discursos de odio y garantizar el respeto institucional dentro del hemiciclo.
Los expedientes, que llevaban meses abiertos, se han resuelto después de varios retrasos derivados de los plazos internos y de la baja del presidente de la comisión, Antoni Castellà. Con esta decisión, la cámara cierra uno de los episodios más controvertidos del curso político en materia de conducta parlamentaria.