El Parlament de Catalunya avanza hacia la sanción de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y del portavoz de Vox, Joan Garriga, por incumplimientos del código de conducta de la cámara. Según las conclusiones de la Comisión del Estatuto del diputado, ambos casos se proponen como falta leve, que puede ir de una amonestación pública a una sanción económica que puede oscilar entre los 600 y los 12.000 euros. Será ahora la Mesa del Parlament quien deberá determinar la cantidad exacta de la multa. La comisión, reunida a puerta cerrada, también ha analizado el caso de la diputada de Vox Júlia Calvet, que finalmente se ha enmarcado dentro del derecho a la libertad de expresión. En cambio, los dictámenes sobre Orriols y Garriga consideran que sus actuaciones vulneran el artículo siete del código de conducta, que regula el respeto y el decoro parlamentario. En paralelo, la Comisión del Estatuto del Diputado recomienda impulsar una reforma del reglamento del Parlament para concretar mejor los supuestos sancionables y, eventualmente, endurecer las medidas contra los discursos de odio dentro de la cámara.
Fuentes de la comisión subrayan que "la libertad de expresión debe ser compatible con el código de conducta" y remarcan que "es clave evitar el acoso y el señalamiento sistemático a un diputado". Desde la comisión consideran que Orriols ha acosado hasta siete veces a la diputada de ERC, Najat Driouech, y abren la puerta a llevar a la fiscalía a la alcaldesa de Ripoll, pidiendo a la Mesa que comunique a los partidos que la pueden denunciar al Ministerio Público. En este sentido, insisten en que "no se puede acosar a un diputado" y apuntan que en estos casos "es muy clara la falta de decoro". Los expedientes sancionadores llevaban meses abiertos, pero su resolución se ha alargado por la lentitud de los plazos internos, además, que el presidente de la comisión, Toni Castellà, ha estado de baja los últimos meses. Ahora, una vez superadas las principales carpetas del curso político, la previsión es que las sanciones se puedan activar antes del verano.
Los dictámenes han sido elaborados con la participación del presidente de la comisión, Antoni Castellà (Junts), el secretario, Jordi Albert (ERC), y los servicios jurídicos del Parlament. La comisión, que ha sido a puerta cerrada y está formada por un diputado de cada grupo, ha votado las propuestas, que se han elevado a la Mesa del Parlament. El código de conducta establece diferentes niveles de sanción, desde una amonestación pública hasta la suspensión temporal de la condición de diputado en los casos más graves.
¿Qué han hecho Orriols y Garriga?
Entre los expedientes analizados, destaca el caso de Garriga por la colocación de carteles con la inscripción "Companys asesino" y por vincular a los socialistas con drogas y prostitución. En cuanto a Orriols, la investigación se deriva de diversas intervenciones en las que acusó a la diputada republicana Najat Driouech de "normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico" por llevar velo. En el caso de Calvet, existía un procedimiento abierto para responsabilizar a la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, de liderar la "corrupción" en el caso de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Sin embargo, ha quedado sin sanción después de analizar las alegaciones, en las que la diputada aseguraba que no había intencionalidad.
Abren cuatro nuevos expedientes a diputados de Vox
La comisión también ha acordado abrir cuatro nuevos expedientes a diputados de Vox. El primero afecta a Alberto Tarradas, a raíz de un comentario en el que insinuaba que deportarían a Driouech cuando gobernaran. Aunque el diputado se disculpó, la mesa decidió —por primera vez sin que ningún grupo lo solicitara— trasladar el caso a la Comisión del Estatuto del Diputado, que ya ha iniciado su tramitación.
El segundo expediente es contra Rafael Villalonga por haber calificado a la CUP de "delincuentes". El tercero vuelve a tener como protagonista a Calvet, que cuestionó la comparecencia de una representación de Juventud África Negra en la comisión de políticas de juventud. Calvet afirmó que "no se puede ser solidario con los de fuera mientras se abandona a los de casa" y añadió que "para hablar de los retos de la juventud africana, el lugar idóneo es África". Finalmente, el cuarto expediente se ha abierto contra María García Fuster por haber reiterado la expresión "Companys asesino" durante la comisión de control de la CCMA.