El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que el cambio en las condiciones meteorológicas que se ha producido en las últimas 24 horas "son más favorables para hacer frente a los incendios" que hoy por hoy todavía mantienen en vilo a tres comunidades autónomas: Extremadura, Castilla y León y Galicia. Pero si bien la evolución favorable es un motivo de alivio, Marlaska se ha mostrado preocupado por la politización que se está haciendo de los incendios, se han convertido en un arma arrojadiza contra el gobierno de Pedro Sánchez, con cruce de reproches y la instrumentalización que está haciendo la prensa conservadora. "Claro está que me preocupa esta política de tierra arrasada" que asegura que "utiliza el PP" porque "genera una desvinculación de la sociedad hacia las instituciones y el único que sale beneficiado es la ultraderecha, y no solo en España, como se está viendo en otros países europeos", ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde además de preocupado, también se ha mostrado "entristecido, porque la sociedad lo que tiene que ver es que las administraciones estamos trabajando 24/7" para luchar contra estos incendios. Un trabajo que no se limita a las labores de extinción, sino que debe hacerse mucho antes, y con respecto a esas labores preventivas se tenían que hacer antes para evitar esta situación en las tres comunidades autónomas gobernadas por el PP afectadas, "quizás alguien tendrá que dar alguna explicación".
El ministro del interior ha reiterado que el Gobierno "ha dado todos los medios que han requerido las comunidades autónomas desde el primer minuto" y, con respecto a la petición del PP de que tres ministros, Sara Aagesen, Margarita Robles y él mismo comparezcan ante el senado para dar explicaciones por los incendios de este agosto, ha replicado que "las comparecencias ante la soberanía popular son una obligación y un deber", y ha repetido que "el gobierno central ha puesto a disposición los medios que se han solicitado en cada momento".
Así, el ministro ha negado categóricamente la información que publica El Mundo este jueves, que asegura el viernes 15 de agosto, las comunidades autónomas pidieron al Gobierno que recurriera al Mecanismo Europeo de Protección Civil ante su inacción. "Hay que tener mucho cuidado con las falsedades", ha dicho Marlaska, refiriéndose a la citada información, y ha replicado que "desde el día 11 de manera preventiva, y del día 12 ya oficialmente, se solicitó la cooperación del mecanismo europeo, y el día 14 ya había aviones franceses volando y medios internacionales luchando contra los incendios, cuando algunas comunidades dicen que hasta el día 15 no pedimos esta ayuda", ha asegurado el ministro.
El ministro ha asegurado que el Gobierno en ningún momento se planteó asumir de oficio la gestión de los incendios, pero que sí "se ha hecho un seguimiento por si hubiera sido necesario, porque es parte de nuestra responsabilidad". La competencia en materia de incendios recae en las comunidades autónomas, ha recordado, y "cuando la competencia subyace razones legales, desautorizar a una comunidad autónoma tiene que ser por circunstancias muy específicas y concretas". En este sentido, Marlaska subraya que "nuestra competencia es poner todos los medios del mecanismo europeo a disposición de los órganos competentes, que son las comunidades autónomas".
Marlaska, que ha agradecido públicamente la gran solidaridad "manifestada por Catalunya con un número muy importante de efectivos personales y materiales", ha reconocido que los incendios que afectan a Extremadura, Castilla y León y Galicia "son de una complejidad manifiesta para poder abordarlos", y ha asegurado que "tenemos medios" para hacerlo, pero "tenemos que trabajar en la prevención". En este sentido, Marlaska ha recordado la "necesidad y obligación" de tener protocolos de emergencias, con relación a la información que publica El País sobre que la Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo investiga la relación entre la falta de planes para prevenir incendios forestales y la oleada de fuegos que está asolando el noroeste de España y que afecta no solo a los Ayuntamientos, sino también a las comunidades autónomas, que están obligadas por ley desde hace tres años a elaborar planes anuales de este tipo.