Hay sentencias en firme que se ejecutan a la velocidad de la luz y otras que parece que lo hacen a paso de tortuga. Han pasado 68 días desde que los ultras que asaltaron la librería Blanquerna de Madrid cuentan con una sentencia firme del Tribunal Supremo, habiendo rebajado sustancialmente la condena después de un largo periplo judicial. Sin embargo, los culpables siguen sin haber pasado una noche en la cárcel, en plena libertad. Primero recurrieron al Tribunal Constitucional y ahora, según ha podido saber ElNacional.cat, han recurrido contra el mismo tribunal sentenciador, paralizando el ingreso a prisión. Si no se lo impiden, algunos de ellos tienen previsto incluso ir a Barcelona muy pronto.

El pronunciamiento final del Tribunal Supremo llegó el pasado 23 de julio, pero no fue hasta el 8 de septiembre que la Sección 30 del Audiencia Provincial de Madrid recibió las directrices del Supremo para la ejecución de la pena. A día de hoy, según fuentes judiciales consultadas por ElNacional.cat, todo sigue "en el mismo punto". Los condenados han recurrido el auto de ejecución de la sentencia –que según fuentes del TSJM la ley lo permite– y están a la espera de que se resuelvan estos recursos. En algunos casos la Fiscalía ya ha informado, y falta que la sala resuelva, pero en otros casos todavía falta el informe del ministerio público.

El recorrido judicial en el Estado español acabó ahora hace 68 días, y después de cuatro pronunciamientos de tres instancias diferentes. La primera sentencia, de la Audiencia Provincial de Madrid en febrero del 2016, condenó a 14 de los 15 ultras a penas que iban de los seis a los ocho meses de prisión por delitos de desórdenes públicos y daños. Al ser condenas inferiores a los dos años, podían esquivar la privación de libertad. Pero el caso llegó al Tribunal Supremo, que elevó las penas a cuatro años con agravante de discriminación ideológica. Sostenía que "el motivo impulsor de delito o delitos cometidos fue la intolerancia hacia la ideología catalanista de los convocantes del acto". Todo ya estaba dispuesto para que entraran en la prisión --incluso había fecha-- pero el Tribunal Constitucional lo paralizó en noviembre de 2017, admitiendo el recurso de los condenados. El TC concluyó que se habían visto vulnerados sus derechos y ordenó la redacción de una nueva sentencia, sin el agravante de discriminación ideológica. El Supremo redactó, el pasado 23 de julio, la sentencia definitiva. La consecuencia fue una rebaja considerable de las penas. Ahora van de los dos años y siete meses a los dos años y nueve meses de prisión.

Algunos de los condenados han reincidido después de los hechos de Blanquerna. Es el caso de Pedro Chaparro, que recibió otra condena de prisión a posteriori. El vicepresidente de Democracia Nacional fue sentenciado a un año de prisión por haber amenazado al fotoperiodista Jordi Borràs durante una manifestación del día de la Hispanidad del año 2015 en Barcelona. Otros están imputados también por hechos posteriores. Es el caso de Manuel Andrino, ninguno nacional de Falange, y Pedro Pablo Peña, de Alianza Nacional. La fiscalía les pide tres años de prisión para incitar al odio en su discurso durante el 12 de octubre de 2013 en Montjuïc.

Visita programada a Barcelona

A pesar de la sentencia firme del 23 de julio, los ultras de Blanquerna están en libertad. También lo estaban el 11 de septiembre de este año, cuando volvieron en la librería Blanquerna para conmemorar el séptimo aniversario del asalto sin respetar las distancias de seguridad. Por eso no es todo, sino que intervinieron en el acto. Manuel Andrino hizo desde allí un llamamiento "derramar sangre de los enemigos de España como ya hicimos los falangistas el año 36".

Otros condenados, como Pedro Chaparro, tienen previsto visitar Barcelona el próximo 12 de octubre, para el tradicional acto neofascista de Montjuïc. Si siguen en libertad, probablemente no será el único de los condenados presente en la capital catalana.