Al grito de "no nos engañan, Catalunya es España". Así irrumpió un grupo de catorce ultras en el Centro Cultural Blanquerna, sede la Generalitat en Madrid. No sólo gritaron; también destrozaron el mobiliario a su paso —incluida la senyera que presidía la celebración y que acabó en el suelo—, lanzaron gases lacrimógenos y se abrieron paso a golpes, incluso enfrentándose con diputados de Unió y del PSC presentes en la sala. La indumentaria no engañaba: alguna cabeza rapada, gafas de sol y banderas con el águila franquista y también de los partidos ultraderechistas Falange, Alianza Nacional y Democracia Nacional. Era el 11 de septiembre del 2013, ahora hace siete años, y se celebraba el tradicional acto institucional por la Diada de Catalunya.

Eran rostros conocidos de la extrema derecha neofascista española. Entre los asaltantes había Manuel Andrino Lobo, jefe nacional de Falange Española; Pedro Chaparro, dirigente de Democracia Nacional, y Pedro Pablo Peña, presidente de Alianza Nacional. También había conexiones políticas. Iñigo Pérez de Herrasti es primo del exministro de Defensa, Pedro Morenés, y cuñado del exportavoz del gobierno de Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo.

De aquellos hechos ya han pasado siete años, y ha habido cuatro pronunciamientos judiciales, pero los ultras implicados no han pasado ni una sola noche en la cárcel. La primera sentencia, de la Audiencia Provincial de Madrid en febrero del 2016, condenó a 14 de los 15 ultras a penas que iban de los seis a los ocho meses de prisión por delitos de desórdenes públicos y daños. Al ser condenas inferiores a los dos años, podían esquivarla. Pero el caso llegó al Tribunal Supremo, que por recurso de la Fiscalía y la Generalitat elevó las penas a cuatro años con agravante de discriminación ideológica. Sostenía que "el motivo impulsor de delito o delitos cometidos fue la intolerancia hacia la ideología catalanista de los convocantes del acto".

 

VÍDEO: Momento del asalto del Centro Cultural Blanquerna por parte de un grupo de ultras (ACN)

Pero el periplo judicial no acabó aquí. Todo ya estaba dispuesto para que los ultras de Blanquerna entraran en la cárcel; incluso había fecha. Pero el Tribunal Constitucional lo paralizó todo noviembre del 2017, admitiendo el recurso de los condenados. El TC les acabó dando parcialmente la razón este pasado enero. La sentencia consideró vulnerados sus derechos y ordenó la redacción de una nueva sentencia, sin el agravante de discriminación ideológica. El Supremo redactó, el pasado 23 de julio, la sentencia definitiva. La consecuencia fue una rebaja considerable de las penas. Sin el agravante de discriminación ideológica, ahora van de los dos años y siete meses a los dos años y nueve meses de prisión. El recorrido judicial español ya ha llegado a su fin.

Pero las cosas de palacio van despacio. Ya han pasado 50 días desde el último y definitivo pronunciamiento del Tribunal Supremo. Aun así, según confirman fuentes de Instituciones Penitenciarias a ElNacional.cat, ninguno de ellos ha pisado todavía la prisión. Desde Interior subrayan que ahora todo está en manos del tribunal sentenciador, que no es el Tribunal Supremo, sino la Audiencia de Madrid. Fuentes del tribunal provincial explican a este diario que no ha sido hasta este pasado martes, 8 de septiembre, que el presidente de la sección 30 ha recibido las directrices para la ejecución de la pena. Pero los trámites de ingreso en la prisión están pendientes de resolución. Hasta día de hoy, no han pasado un solo día en la prisión.

Siguen disfrutando de su libertad. Sin ir más lejos, está previsto que algunos de ellos vuelvan a la escena de los hechos este viernes por la noche. Será a la manifestación convocada por Falange y Democracia Nacional "contra el separatismo" y "por la absolución de los patriotas del caso Blanquerna". Siete de los condenados se presentaron a las elecciones europeas del 2014 y seis lo hicieron a las elecciones autonómicas de Madrid del 2015, bajo una coalición de los partidos asaltantes.

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Reincidencia

Algunos de los condenados ya tenían antecedentes penales cuando asaltaron Blanquerna. Es el caso de Íñigo Pérez de Herrasti. En su historial delictivo consta una condena de 14 años de prisión el año 2000. Fue detenido -junto a tres miembros de grupos neonazis- con explosivos y armas con los cuales pretendían atentar contra familiares de presos de ETA que viajaban a la capital española para visitar los encarcelados.

Otros han continuado reincidiendo después de Blanquerna. Es el caso de Manuel Andrino, jefe nacional de Falange, y Pedro Pablo Peña, de Alianza Nacional, que un mes después volvieron a la ofensiva desde Barcelona. La fiscalía les pide tres años de prisión por incitar al odio en su discurso durante el 12 de octubre del 2013 en Montjuïc, lugar habitual de concentración de neofascistas. Andrino también acumula una condena por estafa y una detención por intento de homicidio. Sus últimas imágenes son del 2018, abusando sexualmente de una activista de FEMEN que interrumpió un homenaje a Franco.

Otro de ellos, Pedro Chaparro, recibió otra condena de prisión a posteriori. El vicepresidente de Democracia Nacional fue sentenciado a un año de prisión por haber amenazado al fotoperiodista Jordi Borràs durante una manifestación del día de la Hispanidad del año 2015 en Barcelona. Pero esquivó la cárcel a pesar de la reincidencia. El juez le puso como a condición de que no reincidiera (otra vez).