El rey Felipe VI ha convocado una nueva de consultas los días 25 y 26 de abril, como avanzaba El Nacional. Pero si ésta fracasa, y se disuelven las Cortes el 3 de mayo, se producirá una nueva convocatoria de comicios en España para el 26 de junio. Los partidos empiezan a hacer números y estrategias sobre cómo abordarán la campaña electoral. Lo anunciaba el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, en un desayuno informativo ayer en Madrid: para no "molestar" a los ciudadanos, tal vez se podría limitar la duración del período inmediatamente anterior a la votación en las urnas.

Las formaciones y el Estado son conscientes del efecto que los comicios producen mediáticamente y en la población, y parecen dispuestos a limitar estos esfuerzos. Por el lado de los partidos, las alternativas estudiadas pasan por limitar el gasto, a través del volumen de publicidad y mensajería.

15 días

En cuanto a la duración, la ley no contempla la posibilidad de hacer una campaña más breve. El plazo de dos semanas, previsto legalmente a estos efectos, está regulado por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Para reformarla,se tendría que presentar una iniciativa ante el pleno del Congreso, que debería contar, al menos, con el apoyo de una mayoría cualificada de tres cuartos de votos positivos de la cámara. En el plazo en el que se tramitara la iniciativa, ya se habrían disuelto las Cortes. Por tanto, es una vía que ahora mismo no es posible que salga adelante, aunque se podría llegar a un acuerdo entre las diversas formaciones, para limitar la duración de la campaña, a través de un consenso entre todos los partidos.

El gasto

La última convocatoria electoral costó en España más de 30 millones de euros, que fueron financiados en parte a través de las subvenciones que proporciona el Estado. El dinero público no es la única fuente de ingresos. Para asumir este coste, los partidos suelen endeudarse, como hicieron fuerzas emergentes como Ciudadanos, o como suelen hacer los partidos tradicionales, PP y PSOE, o bien apostar por nuevas formas de financiación, como el llamado crowdfunding, con micro aportaciones de varios usuarios, entidades y ciudadanos, como hizo Podemos.

El sistema de adjudicación estatal de financiación premia a los partidos que logran representación parlamentaria, y es considerado poco justo por algunos. Es decir, ofrece 0,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso o el Senado; 0,81 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura al Congreso que haya obtenido escaño y 0,32 euros en el caso del Senado.

Por lo tanto, a menudo los partidos gastan en función de lo que prevén que más tarde pueden conseguir. El ejemplo de falta de previsión en los comicios del 20D fue Ciudadanos, quien explicó que se había endeudado por un importe superior al que más tarde podría devolver, en tanto que no había calculado bien el número que obtendría de diputados. El partido naranja invirtió alrededor de 4 millones de euros; el PP, 12 millones; el PSOE, 9 millones, y Podemos entorno a 3 y 4 millones.

Los principales gastos de campaña suelen provenir del llamado mailing, las papeletas electorales y la propaganda. El Estado español ofrece 0,18 euros por cada miembro del electorado en cada una de las circunscripciones en las que se haya presentado lista al Congreso y al Senado, y siempre que la candidatura hubiera obtenido los votos suficientes para constituir grupo parlamentario.

Enmiendas y desacuerdos

Por el lado de los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, la limitación del tiempo de campaña podría servir para reducir su gasto, más limitado a priori. Ahora bien, el líder de la formación naranja, Albert Rivera, explicó que estaba en desacuerdo con reducir los debates "porque son gratuitos, y si a alguien le da pereza limitar algo, no nos pondremos de acuerdo". "Si quieren hablar del mailing, de cuánto vale la campaña, encantados. Si alguien, además de las arcas públicas, se beneficia de eso, somos los partidos pequeños", añadió Rivera.

Los socialistas enfocan la situación desde una perspectiva diferente: "Los ciudadanos no deben pagar la irresponsabilidad de algunos que han impedido que haya Gobierno", dijo el lunes el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando. Este punto podría contar con el apoyo de los populares, que querrían estudiar la posibilidad de una campaña más corta, o con mítines más "austeros y breves".

En contra de la reducción del periodo electoral podría estar Podemos, quien más de una vez ha dejado patente que las campañas le ayudan a ganar apoyos y se le dan "bien".