Los servicios jurídicos del Congreso defienden rechazar los recursos presentados por PP, Vox y Ciutadans ante la Mesa de la Cámara contra la tramitación de las enmiendas incluidas en la reforma del Código Penal para suprimir la sedición y reformar el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) que corresponde elegir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque la opinión de los servicios jurídicos del Congreso no es vinculante, sus argumentos pueden ser usados por los miembros de la Mesa. Y todo hace pensar que el PSOE y Unidas Podemos se ampararán en ellos para rechazar los recursos. Este martes, el órgano de gobierno de la Cámara Baja se tiene que pronunciar sobre estos recursos

Concretamente, los letrados remarcan que "se tiene que tener en cuenta que la iniciativa de referencia se encuentra actualmente en tramitación en el Senado, después de haber sido aprobada por el Pleno de la Cámara" el día 15 pasado. Hay que tener en cuenta que para la reunión de este martes, el PP y Vox solo contarán con dos votos en este órgano, el de la popular Ana Pastor, y el del diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro. Y es que el PP todavía no ha propuesto un candidato para cubrir la vacante dejada en la Mesa por Adolfo Suárez Illana (que dejó su escaño hace unas semanas), un lugar que tiene que ser elegido por el Pleno de la Cámara.

No se pronuncian sobre la constitucionalidad

Uno de los recursos del PP pretende que se requiera a la Mesa de la Comisión de Justicia que se abstenga de tramitar las enmiendas mencionadas "por ser inconstitucionales". Pero los letrados no han entrado a valorar si las enmiendas incluidas en la reforma del Código Penal se ajustan o no en la Constitución. Y se han limitado a indicar que "la competencia para la calificación de enmiendas a iniciativas legislativas le corresponde a las mesas de las comisiones, sin que se pueda revisar este tipo de decisiones por parte de la Mesa de la Cámara".

Lo mismo argumentan los letrados ante la petición de Ciudadanos para que se reconsidere la admisión a trámite de las enmiendas y ante un escrito registrado por Vox en términos similares. El partido de ultraderecha afirma que "se ha vulnerado el derecho a la participación política de los diputados" al legislar sobre la renovación del TC vía enmiendas, tal como defiende el PP en su recurso ante el TC.

PP y Vox quieren frenar las enmiendas incluidas en la reforma del Código Penal

El PP y Vox también quieren que la Mesa del Congreso solicite informes sobre el conjunto de la proposición de ley al CGPJ y el TC, órganos a los cuales los populares añadían el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. Vox también es partidario de pedir informes específicos al Consejo de Estado y la Abogacía del Estado sobre las enmiendas presentadas por el PSOE y Unides Podem. En todos los casos, los letrados afirman que se trata de informes que no son "preceptivos" porque se trata de una proposición de ley. También apuntan que, en todo caso, es una decisión potestativa de la Mesa del Congreso la remisión de una iniciativa legislativa en el CGPJ.

Finalmente, los servicios jurídicos defienden, ante la petición del PP que la iniciativa se tramitara por el procedimiento ordinario y no por urgencia, que el Reglamento del Congreso otorga a la mesa la facultad "de acordar esta tramitación, sin establecer ningún otro requisito para hacerlo más que el de la petición de los sujetos legitimados a este efecto", tal como fue el caso.