Gesto a favor del PP, pero sin pronunciarse aún a su favor. El Tribunal Constitucional ha decidido este lunes admitir a trámite el recurso del PP que pretende detener la reforma del poder judicial. Ahora bien, no ha decidido todavía si acepta las medidas cautelares exigidas por los populares. Es decir, que de momento no ha frenado la reforma del poder judicial, que es lo que tiene que permitir la renovación de, precisamente, este mismo tribunal. De todos modos, el tribunal de garantías ha rechazado las recusaciones al presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y el también conservador Antonio Narváez, por mandato caducado.
Ambas decisiones se han tomado por seis votos a favor de conservadores y cinco en contra de progresistas. Es decir, que tanto Trevijano como Narváez han votado en contra de sus propias recusaciones. El orden del día que han escogido los magistrados ha sido el siguiente: primero decidir si se admitía a trámite o no el recurso del PP, debatir sobre la admisión de los recursos del PSOE y Podemos que pedían personarse en la causa y apartar del debate a los dos magistrados con mandato caducado y, por último, decidir si se admiten las medidas cautelares solicitadas por los populares. Este último punto todavía no se ha votado.
Un debate con los magistrados divididos
Los once magistrados del TC se han reunido a partir de las diez de la mañana. Encima de la mesa había varias cuestiones a resolver: dos recursos del PSOE, en los que presenta alegaciones y pide personarse en el proceso; y dos más de Unidas Podemos para que el tribunal de garantías eleve a la justicia europea la recusación de dos magistrados por mandato caducado, y para que el PP agote todas las vías parlamentarias antes de recurrir a la justicia española. Además, hoy por la mañana el diputado socialista Felipe Sicilia ha presentado otro recurso que se añade a la larga documentación que tendrán que analizar a los magistrados.
El PSOE señalaba en su recurso que en caso de que el Constitucional diera la razón al PP, el tribunal de garantías estaría vulnerando las funciones parlamentarias de los diputados y senadores españoles, ya que la reforma judicial todavía se encuentra en trámite parlamentario. Es decir, ya se ha aprobado en el Congreso, y todavía tiene que pasar por el Senado, de manera que todavía no se ha convertido en ley. En opinión de los socialistas, todavía no se ha causado ningún daño irreversible. Un motivo más para defender que el Tribunal Constitucional no puede parar el procedimiento parlamentario antes que este haya acabado.
Unidas Podemos ha presentado este mismo lunes por la mañana un escrito en el cual señalaban que "existe una profunda falta de imparcialidad" porque Trevijano y Narváez tienen un interés directo por detener esta reforma del Gobierno que el PP ha intentado parar. Este hecho, según la formación de Jaume Asens, choca con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya que en el artículo 47 queda recogido el derecho a un juez imparcial, cosa que en este caso no se cumpliría: la modificación que ya ha aprobado el Congreso y que todavía tiene que pasar por el Senado "afecta directamente a los magistrados que, en caso de que no se estime el amparo, verán promulgada una ley por la cual, definitivamente, serán apartados de sus funciones, todavía cuando sea mucho tiempo después de que caducaran sus mandatos".