Los letrados del Congreso de los Diputados se han opuesto por enésima vez a la petición de comisión por parte de las formaciones independentistas para investigar Juan Carlos I y su presunto entramado para vender armas de forma ilegal. La negativa también se ha extendido a la comisión de investigación que registró Esquerra Republicana para examinar la neutralidad política del Tribunal de Cuentas.

En el caso del rey emérito, consideran que este tipo de iniciativas no tienen cabida porque "la figura del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad" y que también "distribuye libremente la cantidad global que recibe cada año de los Presupuestos Generales del Estado para sostener su familia y casa".

Con respecto a la petición de comisión de investigación sobre el Tribunal de Cuentas, los servicios jurídicos del hemiciclo se muestran contrarios a su tramitación dado que "no corresponde a las Cortes Generales el control" de este máximo órgano fiscalizador del Estado.

La decisión, en manos de la Mesa del Congreso

Nuevamente, quien tendrá que tomar la decisión final es la Mesa del Congreso, que votará este martes. Lo más probable es que la Mesa siga haciendo lo que ya ha realizado en otras ocasiones: denegar toda tramitación de comisión de investigación relacionada con el monarca. Los votos del PSOE, PP y Vox son decisivos porque tienen mayoría absoluta. Los socialistas tienen tres representantes en la Mesa; el PP, dos y Vox, uno. Los otros tres representantes son de Unidas Podemos, pero sus votos no son claves para decantar la balanza en un sentido u otro.

Este informe de los letrados del Congreso de los Diputados llega seis días después de que el independentismo catalán, vasco y gallego se sumara a la petición de Compromís y Más País para investigar la venta de armas por parte de Juan Carlos I. El objetivo era que se pudiera aclarar las informaciones que atribuyen parte de la fortuna del rey emérito a operaciones de tráfico de armas en países árabes a través de una empresa hispanosaudí que, presuntamente, operaba y estaba en funcionamiento para poder hacer, por ejemplo, este tipo de negocios.

El diario Público detallaba que la empresa Alkantara Iberian Exports Limited, fundada en Londres en 1978, era esta entidad que permitía forjar parte de esta fortuna de Juan Carlos I. Según el mismo medio, entre los años 80 y 90 se vendieron armas por un importe superior a los 62.000 millones de pesetas y, de esta, se repartieron 12.500 millones en comisiones. Además, la empresa habría sido participada en un 50% por fondos públicos del Estado a través del Instituto Nacional de Industria y del Fomento del Comercio Exterior.

Con respecto al Tribunal de Cuentas, ERC presentó una iniciativa con Junts, PDeCAT, CUP, Bildu, Más País y Compromís para investigar "la neutralidad política en el desarrollo de la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable por parte de este órgano". Algunas de las cuestiones que se querían formular tenían a ver con la política de contratación de personal del Tribunal de Cuentas, por qué algunos consejeros del órgano no se abstuvieron de la causa contra el independentismo o "los perjuicios causados en las arcas públicas por todas las operaciones irregulares que no han estado debidamente enjuiciadas".

Todas estas peticiones no han recibido la luz verde de los letrados del Congreso de los Diputados. Este martes, muy probablemente, la Mesa del Congreso tumbará estas iniciativas definitivamente.

 

Imagen principal: El rey emérito Juan Carlos I, saliendo del Congreso de los Diputados. Europa Press.

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