Junts per Catalunya ha anunciado este lunes que ha presentado una denuncia penal contra Renfe y Adif por el accidente ferroviario de Gelida del 20 de enero, en el que murió un maquinista en prácticas y varias personas resultaron heridas. La formación independentista ha hecho público que registró la denuncia el pasado 20 de octubre, antes de la tragedia ferroviaria de Toledo, y que la ha impulsado con el apoyo del abogado Gonzalo Boye. La acción judicial se dirige contra los responsables de las dos compañías ferroviarias y también incluye la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, dado que el muro que cayó sobre la vía pertenecía a la AP-7 y dependía de este organismo.
El diputado de Junts Salvador Vergés ha explicado que la denuncia se enmarca en la crisis estructural de Rodalies y en las carencias de mantenimiento, seguridad y prevención de riesgos que, según el partido, quedaron evidenciadas con el accidente de Gelida. La formación atribuye los hechos a posibles negligencias en la gestión de las infraestructuras y pide que la investigación judicial determine las responsabilidades individuales de los cargos que dirigían Renfe y Adif. Entre los delitos que plantea hay el homicidio por negligencia grave, las lesiones, los delitos contra los derechos de los trabajadores y el riesgo catastrófico.
Vergés ha recordado que Junts ya había planteado una quincena de medidas para abordar la situación de Rodalies, entre las que había una auditoría externa, cortes quirúrgicos en la red, la participación de las plataformas de usuarios, una mejor dimensión de los planes alternativos de transporte y la resolución del contrato de prestación del servicio con Renfe para que se encargara Ferrocarrils de la Generalitat. También figuraba la posibilidad de llevar a Renfe y Adif a los tribunales y reclamar el traspaso integral de Rodalies.
El partido llevó estas propuestas a votación al Parlament el 12 de febrero y algunas recibieron el apoyo de la cámara, entre ellas la de denunciar judicialmente a las dos empresas. Posteriormente, el 18 de marzo, Vergés advirtió a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, que el Govern tenía hasta el 18 de junio para emprender esta acción. Según el diputado, el ejecutivo no cumplió el compromiso y Junts acabó presentando la denuncia por su cuenta el 20 de octubre. "¡Una vez más, ante los incumplimientos del Govern catalán, nosotros cumplimos!", ha reivindicado.
Sales acusa a Illa de no defender Catalunya ante Madrid
La presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, ha aprovechado la rueda de prensa para cargar contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, a quien ha señalado como el principal responsable político en Catalunya de la crisis ferroviaria. Sales ha vinculado el colapso de Rodalies a décadas de desinversión y ha reprochado al jefe del ejecutivo que hubiera llegado a la Generalitat prometiendo que su buena relación con Pedro Sánchez y el PSOE serviría para resolver los problemas del país.
"Es el resultado de tener un president que no sabe presidir Catalunya y que no sabe defenderla ante Madrid", ha espetado. La dirigente juntaire ha acusado a Illa de mantener el silencio ante las deficiencias del servicio ferroviario y de esconderse ante la mala gestión de su Govern. También ha recordado que el Parlament ha reprobado hasta dos veces a la consellera Sílvia Paneque, sin que el president haya tomado ninguna decisión. Sales ha advertido que coger un tren en Catalunya se ha convertido en una "lotería" y que el problema va mucho más allá de los retrasos. "Lo que está en juego no es llegar cinco minutos tarde, sino jugarse horas de vida", ha afirmado, poniendo el acento en la seguridad de los usuarios y de los trabajadores. En este sentido, ha defendido que los catalanes tienen derecho a un servicio ferroviario digno y a viajar con todas las garantías.
La presidenta del grupo parlamentario ha vuelto a reclamar que Renfe salga de Catalunya y ha reivindicado el modelo de Ferrocarrils de la Generalitat como ejemplo de que, cuando la gestión se hace desde el país, el servicio funciona. Por eso, ha rechazado la fórmula de la empresa mixta planteada para el traspaso de Rodalies, porque considera que Catalunya no tendría ni la mitad de la capacidad de decisión. "Queremos un traspaso integral de Rodalies, que no sea de mentira como el anuncio de la empresa mixta", ha dicho.
Nogueras exige la dimisión de Puente y reclama explicaciones a Sánchez
Por su parte, la candidata de Junts a las elecciones generales del 29 de noviembre, Míriam Nogueras, ha asegurado que la crisis ferroviaria ha dejado en un segundo plano cualquier discurso electoral y ha reclamado que los partidos prioricen las decisiones de gestión. "Debemos dejar de mirar qué le conviene al PSOE, al PP o a Pedro Sánchez o Feijóo. Toca mirar qué le conviene a Catalunya", ha defendido. Nogueras ha atribuido el colapso ferroviario a años de mala gestión, desinversión y centralismo, y ha denunciado que el Estado ha priorizado la construcción de nuevas líneas de alta velocidad por delante del mantenimiento de las infraestructuras existentes. En este sentido, ha citado datos de la Comisión Europea según las cuales España solo habría destinado el 16% del gasto ferroviario al mantenimiento, mientras que otros países dedicarían más del 30%. La dirigente ha responsabilizado tanto al PP como al PSOE de este modelo.
La candidata ha advertido que la situación ha provocado que los ciudadanos tengan miedo de coger el tren y que se haya instalado una profunda desconfianza en el sistema. "Que la gente desconfíe y tenga miedo es de las peores cosas que le puede pasar a un país", ha lamentado. Ante esta situación, ha defendido que Catalunya debe poder gestionar directamente sus infraestructuras y ha insistido en que no necesita "inventos ni empresas mixtas", sino un traspaso integral y más inversión en mantenimiento.
En clave estatal, Nogueras ha calificado de "inaplazable" la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha reclamado que el presidente español, Pedro Sánchez, comparezca para dar todas las explicaciones. "¡La dimisión de Óscar Puente es inaplazable y la damos por hecha!", ha afirmado. También ha expresado su sorpresa por las dudas que, según ella, tienen los partidos que gobiernan sobre la posibilidad de cerrar la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid. La dirigente juntaire ha situado las elecciones del 29N como una oportunidad para que Catalunya pueda ganar capacidad de decisión y ha defendido que el país no necesita depender de los bloques políticos españoles para resolver sus problemas. "Catalunya necesita más inversión, más mantenimiento y el traspaso integral", ha concluido.
La denuncia de Junts se añade a las acciones judiciales que ya se han impulsado en el juzgado de instrucción número 3 de Vilafranca del Penedès a raíz del accidente de Gelida, que se investiga en el marco de las diligencias previas 30/2026. La primera querella la presentó la asociación Acció Cassandra el 30 de enero, en ejercicio de la acusación popular, contra responsables técnicos y directivos de Renfe y Adif, así como cargos políticos del Ministerio de Transportes, por posibles delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes graves y contra la seguridad colectiva. La entidad fue admitida como acusación popular en marzo, después de depositar una fianza de 8.000 euros. En la misma causa también se han personado el sindicato de maquinistas SEMAF y Alternativa Ferroviària, mientras que Vox ha impulsado diligencias para reclamar documentación sobre el mantenimiento de la infraestructura. Con la denuncia de Junts, presentada el 20 de octubre, el partido pide incorporarse a la investigación y que se analicen posibles responsabilidades penales también por parte de los responsables de la Dirección General de Carreteras del Estado.
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Junts se añade como acusación popular
La denuncia de Junts se añade a las acciones judiciales que ya se han impulsado en el juzgado de instrucción número 3 de Vilafranca del Penedès a raíz del accidente de Gelida, que se investiga en el marco de las diligencias previas 30/2026. La primera querella la presentó la asociación Acció Cassandra el 30 de enero, en ejercicio de la acusación popular, contra responsables técnicos y directivos de Renfe y Adif, así como cargos políticos del Ministerio de Transportes, por posibles delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes graves y contra la seguridad colectiva. La entidad fue admitida como acusación popular en marzo, después de depositar una fianza de 8.000 euros. En la misma causa también se han personado el sindicato de maquinistas SEMAF y Alternativa Ferroviària, mientras que Vox ha impulsado diligencias para reclamar documentación sobre el mantenimiento de la infraestructura. Con la denuncia de Junts, presentada el 20 de octubre, el partido pide incorporarse a la investigación y que se analicen posibles responsabilidades penales también por parte de los responsables de la Dirección General de Carreteras del Estado.