Acció Cassandra ha sido aceptada como parte en la causa penal por el accidente de Rodalies en la estación de Gelida, que provocó la muerte de un maquinista en prácticas. En la misma resolución, la jueza también ha requerido el depósito de una fianza de 9.000 euros para que la entidad pueda ejercer la acusación popular contra los responsables de Adif, Renfe y los cargos políticos competentes a raíz de este accidente en la R4, pocas horas después de la tragedia ferroviaria en Adamuz y con el president de la Generalitat, Salvador Illa, de baja. A principios de febrero, Acció Cassandra presentó una querella criminal por el siniestro, considerando que hay indicios de que el desprendimiento que provocó el accidente mortal no fue un episodio inevitable causado exclusivamente por la meteorología, sino un riesgo “evitable” si se hubiera hecho un mantenimiento adecuado. Ahora, según han anunciado en un comunicado, han iniciado una campaña de micromecenazgo con el objetivo de conseguir estos 8.000 euros de fianza, así como los costes asociados a la actuación jurídica. El colectivo de abogados remarca que esta fianza es un “reto serio para una asociación de defensa civil”, pero supone a la vez una “oportunidad para consolidar una acusación popular robusta”.
Sobre este mismo accidente, Acció Cassandra presentó una petición formal a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre el “déficit crónico de inversiones” en el sistema de Rodalies y la vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad y la movilidad, pidiendo al Parlamento Europeo que exija a España un plan de inversión correctivo para Rodalies, entre otras medidas. “Acció Cassandra quiere demostrar que la situación de Rodalies de Catalunya no es un problema técnico aislado, sino el resultado de un déficit estructural de inversión y de seguridad que vulnera tanto el derecho español como el de la Unión Europea”, señalan.
La querella de Acción Cassandra
En la querella que presentaron a principios de febrero, pocos días después de que tuviera lugar el accidente de Gelida en la línea R4 de Rodalies, se consideraba que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de homicidio imprudente y de lesiones imprudentes graves, sobre la base de una posible imprudencia grave derivada de omisiones en la vigilancia y el mantenimiento de una infraestructura crítica. También se invoca el delito contra la seguridad colectiva, que sanciona la “inobservancia de las normas de seguridad en la conservación, acondicionamiento y mantenimiento de obras análogas a taludes, muros de contención u otras infraestructuras”. Aparte de Renfe y Adif, la querella también se extiende a varios cargos políticos, como el ministro de Transportes, Óscar Puente, como responsable último de la supervisión general de Adif y Renfe.