Sin ninguna sorpresa de última hora, el Congreso de los Diputados ha tumbado este jueves el decreto ley del escudo social de Pedro Sánchez con los votos en contra de Junts per Catalunya, PP, Vox y UPN. La formación independentista y el partido de Alberto Núñez Feijóo se han opuesto por la moratoria antidesahucios incluida en el texto. Los dos grupos parlamentarios pedían que el escudo social se presentara sin esta medida, lo que hubiera garantizado su voto a favor y su convalidación. Ahora, la gran cantidad de medidas que estaban incluidas también han caído. Los juntaires han registrado una proposición no de ley —sin ningún efecto jurídico— para reivindicar su posicionamiento: debe ser el Gobierno quien asuma el coste económico de estas iniciativas, no los propietarios. También ha decaído con los votos en contra de Junts, PP y Vox el decreto ley que topaba los precios de algunos productos en situación de emergencia, como pasó, por ejemplo, con el alquiler de coches después del accidente de tren de Córdoba. La cámara baja sí que ha aprobado los decretos de revalorización de las pensiones y el de ayudas a las víctimas de las tragedias ferroviarias de Adamuz y Gelida. 

El encargado de presentar ante la cámara el decreto ley del escudo social ha sido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En su intervención, ha disparado contra las formaciones que ya habían anunciado su voto en contra, recordando que el año pasado el PP y Junts convalidaron un texto “idéntico” en materia de vivienda. Solo con una diferencia: el de este año incluye un punto adicional pactado con el PNV (cosa que hacía pensar a los socialistas que, por su sintonía ideológica, los juntaires lo verían con buenos ojos) que “hace que los muy pequeños propietarios no se vean afectados”.

El Gobierno confiaba sumar a Junts a través del pacto con el PNV

El Gobierno pactó con los jeltzales que los propietarios de una o dos viviendas no se vean afectados por la prórroga de esta moratoria antidesahucios y “corresponderá a los servicios sociales competentes buscar una alternativa habitacional de emergencia”. De la misma manera, en el caso de propietarios de tres o más viviendas, se permite el desahucio cuando el propietario esté en situación de vulnerabilidad a causa, por ejemplo, de este impago. “La vulnerabilidad puede encontrarse en ambos lados del contrato”, ha aseverado durante el debate la diputada del PNV Idoia Sagastizabal. “Ni okupas ni okupos, los okupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto; ustedes votaron a favor en 2025 del mismo texto que votarán en contra en 2026; ahora suban a la tribuna, mientan y avergüencen a los pequeños propietarios”, había espetado antes Bolaños.

Junts denuncia los problemas de "inseguridad" de la ocupación y denuncia que se "mezcle" con el escudo social

En su turno, la diputada de Junts Marta Madrenas ha afirmado que en una comunidad de vecinos “no importa” si el propietario de un piso que está okupado tiene en propiedad “uno, dos, tres o más pisos”, sino los problemas de inseguridad que puede provocar. Además, para la formación independentista, este decreto “hace que los propietarios asuman un coste que no les corresponde”, ya que debería ser trabajo del Gobierno acabar con el problema de la okupación, así como la vulnerabilidad que provoca que muchas familias no puedan asumir el coste del alquiler. “En Catalunya hay 90.000 viviendas movilizables y 13.000 desahucios suspendidos; ¿no les chirría todo esto?”, se ha preguntado la juntaire, que ha dedicado el principio de su intervención a denunciar que el Gobierno haya “mezclado” el escudo social con los desahucios.

Junts per Catalunya aseguró que salvará el resto de medidas si Sánchez las vuelve a presentar por separado. De hecho, en paralelo, los juntaires han registrado este mismo jueves en el Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a “asumir íntegramente el coste real de todas las decisiones adoptadas en ejercicio de sus competencias”. Es decir, los juntaires reclaman “la cesión inmediata a la Generalitat, los municipios y los consejos comarcales de la totalidad de los suelos, solares y viviendas situados en Catalunya titularidad de la SAREB; esta cesión debe ir acompañada de la financiación necesaria para la rehabilitación y activación inmediata de los activos con finalidad social o asequible así como la reducción de la burocracia y los plazos para desarrollar nueva vivienda”. Los independentistas proponen que “en los casos de desahucio por falta de pago del alquiler de personas vulnerables, el Estado pueda pagar la deuda pendiente, con el objetivo de que la protección de la vulnerabilidad sea asumida por la administración y en ningún caso por los particulares”.

Las izquierdas se abroncan contra Junts

Todas las formaciones de izquierdas que han intervenido en este acto se han abroncado contra Junts per Catalunya. La más blanda ha sido la portavoz del PSOE, la catalana Montse Mínguez, que ha advertido a los juntaires que “votando hoy en rojo no harán caer ni al PSC, ni a Illa ni a Sánchez”. “Ustedes serán el único partido catalán e independentista que hoy será aplaudido por PP y Vox”, ha añadido. De la misma manera, el diputado de Esquerra Republicana Jordi Salvador ha lamentado que este jueves voten en el mismo sentido “Junts y la derecha franquista y la extrema derecha franquista”, ha acusado a sus adversarios independentistas de “utilizar el miedo para defender a los fondos buitre”. “El número de rentistas que cada partido tiene en sus filas también explica cosas”, ha espetado el republicano.

También ha sido especialmente dura la diputada de los comuns Aina Vidal, que ha cargado contra “los sicarios que se dedican a hacer el juego a los fondos buitre”. “No se puede ser más miserable”, ha proclamado la parlamentaria catalana. El diputado de Bildu Oskar Matute ha señalado que los contrarios a este decreto ley “opinan desde la ignorancia o la mala fe”. “Ojalá lo paguen en las urnas”, ha añadido. Para la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, los diputados de Junts sentían “vergüenza” este jueves por la decisión que tomaban.

El resto de medidas del escudo social

Además de la moratoria antidesahucios, haber tumbado el escudo social ha supuesto que decaigan las ayudas directas a los afectados por la DANA valenciana y las excepciones al IRPF de indemnizaciones por los daños personales en los incendios forestales de este pasado verano. También estaban incluidos en este decreto incentivos fiscales para vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga e inversiones que utilicen energías renovables; así como la prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, un bono social energético que suponía un descuento en la factura de la luz y la garantía de suministro de agua y energía a consumidores. El paquete también incluía las entregas a cuenta a las autonomías y las entidades locales, así como el régimen de sobreendeudamiento autonómico.

¿Y ahora qué? ¿Presentar uno nuevo?

La pregunta que desde hace días —cuando Junts ya había confirmado que tumbaría el escudo social— se hace a los miembros de alta jerarquía del Gobierno es si volverán a presentar este decreto. Los socialistas se sacuden sus responsabilidades señalando que la pelota se ha encontrado hasta ahora en el tejado de los independentistas, que garantizan su voto a favor si extirpan la medida antidesahucios. Es de hecho, lo que ya pasó con la revalorización de las pensiones, que en un primer momento el Gobierno lo incluyó en el escudo social y se vio obligado a presentarlo más tarde por separado.