El Gobierno se ha quedado sin suficientes apoyos al decreto de vivienda que se debate este martes en el Congreso de los Diputados. Si este lunes Junts confirmó el "no" pese a los intentos de seducción de Sumar, ahora el PNV ha anunciado la abstención en la votación de esta tarde. El presidente de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, y la portavoz de la formación en la cámara baja, Maribel Vaquero, han argumentado que la decisión se debe a la "falta de seguridad jurídica" del decreto, pese a reconocer el fondo "bienintencionado" de la norma.
En una entrevista en Euskadi Irratia, el líder de los jeltzales ha destacado que ni siquiera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba "muy convencido" de este decreto ley, y que lo aprobó para "continuar" con su ejecutivo. Así es. Se aprobó hace un mes en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para impulsar medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán. Cuando debía arrancar la reunión, los ministros de Sumar no entraron en protesta por las iniciativas propuestas por el PSOE. El socio minoritario del ejecutivo se plantó exigiendo medidas sobre vivienda y sobre márgenes empresariales. Sánchez acabó cediendo y, según confirman diversas fuentes del Gobierno a ElNacional.cat, los socialistas no han confiado nunca en la prórroga de los alquileres aprobada entonces. De hecho, ha sido Sumar quien se ha encargado de contactar con los grupos parlamentarios. No ha sido en ningún caso una negociación pilotada por el PSOE.
El PNV reclama al PSOE poder negociar los decretos con anterioridad
Esteban considera "muy arbitrario" el plazo de dos años de prórroga de los contratos de alquiler que vencen antes del 31 de diciembre de 2027 y limitar al 2% las actualizaciones anuales de renta. "Llevamos seis o siete años con medidas excepcionales en materia de vivienda, y así no podemos continuar", ha manifestado, reclamando "seguridad tanto para los propietarios de pisos como para los que quieren un alquiler". "Eso requiere de una normativa que se mantenga en el tiempo", ha insistido. En la misma línea, Vaquero ha exigido al Gobierno que, más allá de fórmulas "bienintencionadas" para combatir la crisis de la vivienda, ponga sobre la mesa medidas "integrales" y afronte este debate sin planteamientos "ideologizados".
Como tantas veces hacía Junts per Catalunya antes de romper relaciones con el PSOE, la portavoz del PNV se ha quejado de que el Gobierno no negoció con su grupo antes de aprobar el decreto ley. Así, le ha echado en cara que vuelva a recurrir a este instrumento para legislar sobre un asunto que requiere medidas "a largo plazo". Cabe recordar que este tipo de normas se tienen que convalidar o no tal y como llegan al Congreso, sin poder hacer modificaciones en el texto.
El "no" de Junts
A pesar de los intentos de acercamiento de Sumar, con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, asegurando que algunas de las propuestas de Junts son "aceptables", los juntaires mantienen su negativa al decreto semanas después de romper relaciones con la formación liderada por Yolanda Díaz, quien acusó de "clasistas" y "racistas" a los de Carles Puigdemont. Fuentes de la formación recuerdan que el actual decreto no se puede modificar. "No tenemos que negociar nada ni estamos negociando nada", aseguraban desde Junts este lunes, y subrayaban que las declaraciones de la formación liderada por Yolanda Díaz "acreditan que han entendido qué defiende Junts".
Junts reclama que el Estado pague las políticas sociales, que se desgraven alquileres e hipotecas o que no tribute en el IRPF la venta de la vivienda habitual de los mayores de 65 años que están en una residencia. De hecho, también recuerdan los compromisos del PSOE, como la eliminación del IVA por debajo de los 85.000 euros o la rebaja de los autónomos que se subió "por la puerta de atrás". El grupo encabezado por Míriam Nogueras plantea una deducción del 15% en el IRPF por los gastos derivados del alquiler o de la hipoteca de la vivienda habitual, con un límite fijado en un máximo de 11.630 euros anuales. De hecho, registraron estas medidas el pasado 15 de abril como proposición no de ley, mientras que el partido lo presentó como un "plan de choque" en materia de vivienda.
La propuesta de Junts parte de la idea de “devolver a los ciudadanos” lo que considera un “exceso de recaudación” por parte del Estado, que, según el partido, se estaría beneficiando del efecto de la inflación para incrementar ingresos mientras trabajadores y autónomos ven reducido su poder adquisitivo. “El Estado tiene que devolver el dinero a los ciudadanos”, sostienen los independentistas, que defienden las rebajas fiscales como la única vía realmente efectiva para abordar la problemática de la vivienda, en contraposición con los controles de precios, que, según argumentan, acaban provocando una reducción de la oferta de alquiler.