El juicio a los 12 líderes independentistas que se inicia hoy en el Tribunal Supremo puede "poner en peligro los derechos humanos", según considera la ONG Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que ha pedido extremo cuidado en la definición de delitos como la rebelión o la sedición.
Esta organización con sede en Ginebra ha dicho en un comunicado que esos dos delitos por los que se juzga a los presos políticos, son de "muy amplia definición" y advierte de que podría suponer "restricciones a la libertad de expresión, asamblea y asociación".
"La amplia definición del delito de rebelión que se está aplicando en el caso amenaza con interferir de forma innecesaria y desproporcionada con esos derechos", opina en ese comunicado la directora de esa ONG para Europa y Asia Central, Róisín Pillay.
En opinión de la CIJ, los fiscales del caso y el Tribunal Supremo (al admitir el caso) han ampliado en demasía el delito de "rebelión" tipificado en el artículo 472 del Código Penal, en el que se requiere para su comisión la existencia de una insurrección violenta.
Para Pillay este juicio, "altamente sensible y politizado, podría sentar un peligroso precedente de persecución a movimientos pacíficos de independencia y disidencia política, no sólo en España sino a nivel internacional".