El PSOE y Más Madrid han solicitado una pena de cinco años de prisión para el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la causa abierta contra él por fraude fiscal. Las dos formaciones, que ejercen como acusación popular, han presentado este jueves su escrito conjunto de acusación, previo a la celebración del juicio, en el que elevan las penas propuestas hasta ahora por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En las últimas dos semanas, estos dos órganos habían hecho públicas sus conclusiones, con una propuesta coincidente: tres años, nueve meses y un día de prisión. El escrito del PSOE y Más Madrid hace referencia a la pieza principal de la investigación, la que afecta a los dos delitos contra la Hacienda Pública cometidos presuntamente por González Amador durante los ejercicios fiscales del 2020 y 2021. Además de la pena de prisión, piden su inhabilitación para gestionar y administrar emprendidas mientras dure la condena y una multa económica durante nueve meses, a razón de 100 euros diarios.
Aunque inicialmente PSOE y Más Madrid fueron expulsados de la pieza relativa al fraude fiscal —dado que la perjudicada, la Agencia Tributaria, ya está representada por la Abogacía del Estado—, las dos formaciones han decidido presentar acusación por otros delitos que consideran igualmente relevantes. En concreto, solicitan condena por delito contable, delito continuado de falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Por estos hechos, la acusación popular pide seis meses de prisión para el delito contable y tres años y nueve meses por el delito de falsedad.
El escrito de acusación del PSOE y Más Madrid también se extiende a los otros empresarios implicados en la presunta trama de facturación falsa, entre ellos el mexicano Maximiliano Eduardo Niederer y tres residentes de una localidad sevillana: David Herrera y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo. Para todos ellos, la acusación popular solicita penas de tres años y cuatro meses de prisión, desglosadas en un año y medio por un delito de falsedad en documento mercantil, un año y medio más por pertenencia a grupo criminal y cuatro meses adicionales por un delito contable continuado. También piden la imposición de una multa de seis meses con una cuota diaria de 50 euros y la inhabilitación para gestionar o administrar empresas mientras dure la condena.
La acusación popular reclama también la comparecencia como testigo de Fernando Camilo Maculet, presidente de Quirón Prevención, así como del director de Grandes Cuentas de la misma compañía, Emilio Conde Herce. También propone que declaren a los economistas Javier Luis Gómez Fidalgo y Blanca López-Crespo. Por otra parte, el abogado del PSOE pide que participen en las diligencias periciales las inspectoras de Hacienda Mercedes Urbano y María Martínez.