Reacción esperada. La jueza de Instrucción especializada 2 de Andorra ha comunicado este jueves que enviará nuevas Comisiones Rogatorias Internacionales (CRI) a las autoridades españolas para que colaboren y pueda interrogar como investigados al expresidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, y los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz. Se los acusa de liderar la operación Catalunya en Andorra, con extorsiones a los entonces titulares de la Banca Privada de Andorra (BPA) -los primeros en denunciarlo-, para saber si políticos catalanes tenían cuentas sin declarar e incluso de presionar al gobierno andorrano. Los abogados Alfons Clavera y Agustí Carles, de la acusación popular, en nombre del Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y la entidad catalana Drets, se lo pidieron ahora hace un año, después de que la Audiencia de Madrid lo rechazó por un "defecto de forma" por no detallar las imputaciones. Ahora la jueza Stéphanie Garcia comunica que lo volverá a pedir "exponiendo de manera clara y detallada los hechos investigados y la participación de los querellados de forma individualizada", según la resolución, a la que ha tenido acceso ElNacional.cat.
La jueza ha de detallar a qué políticos del PP y policías reclama interrogar. Inicialmente, la primera CRI recayó en la titular del juzgado de instrucción 32 de Madrid, que, inicialmente, la validó, pero los recursos de los populares la revocaron. Los populares reclamaban que se declarara su inmunidad para no declarar en Andorra porque ocupaban un cargo público, pero no se admitió desde los tribunales españoles, aunque aceptaron las deficiencias formales.
La denuncia de los Pujol
La acción de la jueza llega poco después de la primera condena a extrabajadores de la Banca Privada de Andorra (BPA) por blanqueo entre los años 2008 al 2011, antes de la operación Catalunya. En la sentencia, el Tribunal de Corts de Andorra no valora —ni desacredita— la querella contra la policía patriótica española en Andorra por perseguir políticos catalanes, como la familia Pujol Ferrusola, lo que se interpreta como una vía libre a investigar la operación Catalunya en el Principado.
Precisamente, en una segunda resolución la jueza pregunta sobre el estado de la causa abierta en otro juzgado andorrano por la denuncia de los Pujol contra "personas desconocidas" para aclarar quién hizo el pantallazo sobre sus cuentas bancarias, que después publicó el diario El Mundo, en 2014, lo que provocó la confesión del presidente Jordi Pujol sobre los 3 millones de euros no declarados a Hacienda que tenía la familia.
Testigos del gobierno andorrano y de España
Finalmente, en una tercera resolución, la jueza ha citado a declarar como testigos a cuatro protagonistas de la operación Catalunya el próximo 4 de noviembre. En concreto, ha citado al exministro de Finanzas andorrano, Jordi Cinca Mateos, quien se habría reunido hasta cinco veces con su homólogo español, Cristóbal Montoro, en 2015. Inicialmente, se ha asegurado que las reuniones eran para firmar un convenio de imposición fiscal entre los dos países. También ha citado al exministro de Exteriores andorrano, Gilbert Saboya Sunye, para que aclare este episodio. Las acusaciones sostienen que el gobierno de Rajoy habría presionado al andorrano —en plenas negociaciones con la Unión Europea— para obtener datos fiscales de los Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.
Los amos de la BPA, los hermanos Ramon y Higini Cierco, denunciaron haber recibido presiones de policías españoles y que el cierre de su banco se produjo por una nota de alerta del tesoro de los EE. UU. (FINCen) con información errónea —facilitada por España— sobre supuesto blanqueo de capitales desde la BPA porque no obtuvieron información para atacar a políticos catalanes.
Por la parte española, la jueza ha citado al comisario jubilado de la policía española José Manuel Villarejo, que en una nueva comisión de investigación del Congreso de los Diputados certificó que la operación Catalunya es real y que policías fueron a reclamar información a entidades bancarias andorranas, tal como documentó ElNacional.cat. También ha citado como testigo al abogado Josep Maria Fuster-Fabra, amigo de los hermanos Cierco y que los habría puesto en contacto con el comisario Marcelino Martín Blas, y Eugenio Pino, cuando era Director Adjunto Operativo (DAO) de la policía española, los cuales, supuestamente, le exigieron información bancaria, y por lo tanto secreta y confidencial, de los Pujol. Pino es el único cargo público condenado, a un año de prisión, por revelar secretos de la familia del president Pujol.