Insólito. El titular del juzgado de instrucción 31 de Barcelona ha inadmitido la querella que presentó Artur Mas contra la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno del PP, los exdirectores del CNI y de los titulares del software Pegasus por haber difundido información falsa contra él y espiarlo, según una resolución a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat este miércoles. El magistrado Luis Martínez Duran, en una escueta resolución, responde a Mas que envíe la querella a los "órganos procedentes", haciendo referencia al informe del fiscal que indica que la querella tiene que ir a la Audiencia Nacional porque los hechos denunciados por Mas son de cuando era president de la Generalitat, del 2010 en el 2016, y por lo tanto puede haber un delito competencia de este tribunal que es el dirigido contra las instituciones del Estado, en el cual se incluyen todos los cargos de presidentes autonómicos.
El abogado de Mas, el penalista Jordi Pina, mantiene que la competencia es de los juzgados de Barcelona y ahora prepara un recurso de reforma a fin de que el juez admita la querella, dirigida contra el exministro d'Interior, Jorge Fernández Díaz, y la exdirigente del PP, María Dolores de Cospedal, entre otros. Aparte, el juez también podría haber enviado de oficio la querella de Mas a la Audiencia Nacional. El relato de los hechos delictivos se inicia el 6 de noviembre de 2012, con la conversación grabada por el comisario de la policía española José Manuel Villarejo que mantuvo con la entonces líder del PP catalán, Alícia Sánchez- Camacho, la cual le señala políticos catalanes a vigilar, como por ejemplo Mas y Jaume Giró, que entonces no tenía ningún cargo político. En su informe, el fiscal del servicio de delitos informáticos, Roberto Valverde, expone que todo lo que relata el president Mas en la querella es "una actividad inevitablemente dirigida a afectar la forma de gobierno de esta comunidad autónoma", considerado "alto organismo de la Nación".
El precedente de Aragonès
Un precedente similar a este caso es el de Pere Aragonès, espiado con Pegasus. El mismo fiscal de la causa de Mas, Roberto Valverde, defendió que la competencia era de la Audiencia Nacional porque sufrió el espionaje cuando era vicepresidente del Govern. La Audiencia de Barcelona, dio la razón al abogado de ERC, Andreu Van den Eynde, que la competencia era de los juzgados de Barcelona. Actualmente, la causa del espionaje de Aragonès, dirigida por el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, el magistrado Santiago García, está a punto de concluir, y el juez ha de decidir si envía a juicio la exdirectora del CNI, Paz Esteban.
Los delitos denunciados
En la querella, Pina relata como la policía patriótica del PP confeccionó informes falsos contra el entonces president Mas, como por ejemplo que tenía cuentas en Suiza, que se intentó incluir en la investigación sobre el Palau de la Música i CDC, y que lo perjudicó electoralmente, material que ha sido recogido por este diario en todos els documents de la operación Catalunya.
El abogado también se querella contra la empresa NSO, propietaria de Pegasus, por vender el software al Gobiernoy usarlo contra Mas y unas 65 personas vinculadas al mundo independentista, según la investigación del Catalan Gate que elaboró el grupo investigador canadiense Citizen Lab.
Así, en la querella se incluyen los delitos de organización criminal, falsedad documental, malversación de fondos públicos, descubrimiento y revelación de secretos, y otros delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas, haciendo referencia a los delitos de odio porque "se usó información ilegítima o falsa con el fin de desacreditar y menospreciar al president Mas y a otros dirigentes del movimiento independentista catalán". Y de esta larga lista, el fiscal añade el delito contra las instituciones del Estado, que puede desviar la competencia del juez instructor.