El juez del caso Inipro decidió este jueves mantener la imputación en la causa del alcalde de Tarragona y miembro de la ejecutiva del PSC, Josep Fèlix Ballesteros (en la foto), la portavoz del gobierno municipal Begoña Floría, de la exconcejal de Serveis Socials Victòria Pelegrín y a una funcionaria de alto nivel, Araceli S.S. El auto del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, Joaquín Elías Gadea, asegura que hay indicios de actividad delictiva de los encausados, cuyos abogados habían solicitado su desimputación.
El caso Inipro se abrió en 2013 y comprende presuntas irregularidades en la contratación de dicha empresa por el Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) entre 2010 y 2012 para impulsar el asociacionismo entre inmigrantes. El juez sospecha que esos trabajos nunca se hicieron y que el dinero cobrado por Inipro fue desviado a las arcas del Partit dels Socialistes (PSC).
El juez sospecha que Inipro sólo era “un instrumento” para que afiliados y simpatizantes socialistas cobraran a cambio de promover la actividad del partido y apoyar en redes sociales al alcalde Ballesteros.
Redes sociales
La investigación señala que para cumplir su contrato, Inipro contrató a cinco personas, que eran pagadas con dinero público. El juez concluye que actuaban en beneficio del PSC difundiendo el ideario socialista y dando apoyo al alcalde en redes sociales, y en ningún caso promovían las políticas de integración de inmigrantes como correspondía al contrato entre la compañía y el IMSS.
El PSC está incurso en la causa como partícipe a título lucrativo. Su responsabilidad económica se ha fijado en 337.168,97 euros, cantidad que se corresponde con el dinero pagado a Inipro entre 2010 y 2012 con recursos municipales.
Son 14 las personas encausadas en este caso. El juez dará a conocer su decisión definitiva sobre estos investigados en el auto de apertura de juicio oral, que puede demorarse algunos meses.
Últimas declaraciones
Tras las últimas declaraciones –de la propia Floría y del exjefe del gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado– el juez espera a que la Fiscalía solicite alguna declaración o prueba más. Concluido este trámite, Gadea comenzará a redactar el auto de conclusión de las diligencias previas.
El alcalde Ballesteros declaró en enero de 2016 y el pasado 19 de enero lo hicieron Floría y Cuadrado. Éste siempre ha exculpado a Ballesteros. Sin embargo, la firma del alcalde aparecía en 21 contratos con Inipro sin el visto bueno del interventor municipal.
Floría es investigada por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y alteración del precio de subastas públicas en una pieza separada del caso.
Por su parte, la exconcejal Victòria Pelegrín era la máxima responsable del Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, entidad donde supuestamente se fraguó la trama.
Viladecans
Inipro, con sede en Viladecans (Baix Llobregat) está especializada en servicios a ayuntamientos. Sobre todo ha trabajado para municipios socialistas. Su fundador, Ricard Campà, fallecido en octubre de 2016, era un histórico militante del partido. También estaba imputado en este caso.
El ayuntamiento de Viladecans también aparece en el centro del asunto. En mayo del año pasado, la Guardia Civil registró dependencias municipales de Tarragona y Viladecans y detuvo al primer teniente de alcalde de esta última ciudad, Joaquín Guerrero.