La Audiencia Nacional ha vuelto a aplazar la declaración del exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya David Madí como investigado por el proceso judicial abierto a raíz de las supuestas adjudicaciones irregulares en la empresa Ambulàncies Egara por parte de la Generalitat. El juez Santiago Pedraz lo ha citado para el 8 de junio, según han confirmado a El Nacional fuentes de la defensa del imputado. El aplazamiento se explica porque la declaración el jueves pasado del propietario de la empresa sanitaria se alargó más de la cuenta y, por cuestiones de agenda, el instructor suspendió el resto citaciones de empresarios investigados, igual que la de David Madí. Es la segunda vez que el juez aplaza la vista con el empresario históricamente vinculado a Artur Mas. En un primer momento lo citó para el 26 de abril, después la desplazó al 3 de mayo y ahora lo deja para principios de junio.

La causa se efectúa contra Madí y siete empresarios por supuestas irregularidades en la licitación, adjudicación y contratación de concursos públicos. El primero al pasar por la Audiencia Nacional fue el máximo responsable de la empresa, Óscar Simón, que el jueves pasado reconoció que mantuvo contactos con Madí, pero negó ningún trato de favor ni que cometiera ninguna irregularidad en la adjudicación de contratos públicos. Según fuentes jurídicas presentes en la declaración recogidas por Europa Press, Simón sí que admitió que su padre, el fundador de Ambulàncies Egara que le dejó la compañía en herencia, hizo en su día una donación de 30.000 euros a la fundación CatDem, pero le restó importancia señalando que había hecho a varias organizaciones y países.

En esta causa, el juez Pedraz sospecha que Ambulàncies Egara forma parte del entramado de empresas que habrían recibido concesiones públicas a cambio de comisiones irregulares, que se habrían utilizado para financiar CDC. Todo cuelga del 2015, cuando la compañía ganó el concurso para gestionar los servicios de transportes de ambulancias de todo Catalunya y superar el ámbito comercial histórico, que era el Vallès Occidental.

Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, Madí los habría ayudado en la expansión buscando inversores y, al mismo tiempo, habría colaborado para que se llevaran los contratos públicos a cambio del pago de comisiones a CDC. De esta macrocausa, la del 3%, también depende la pieza separada de la productora Triacom, a partir de la cual un juzgado de Barcelona condenó a Madí a 14 meses de prisión por fraude fiscal. El empresario recurrió la sentencia y está a la espera de la respuesta del Audiencia Provincial.

Madí, liberado del caso Volhov

Al principio de abril, Madí quedó liberado de otra investigación: el caso Volhov, que investiga la supuesta financiación del independentismo catalán con fondos públicos. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona archivó la causa contra Madí por tráfico de influencias al constatar el "fracaso" de las negociaciones ejecutadas por el empresario en beneficio de dos empresas. El juez se interesó a partir de unas escuchas telefónicas, realizadas entre finales del 2019 y octubre de 2020, en las cuales la Guardia Civil aseguró que Madí y el exconseller de ERC Xavier Vendrell aprovecharon sus contactos en el govern català para hacer negocios particulares ante la crisis por la COVID-19 y otros proyectos.