El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como investigado el empresario y exdirigente de CDC, David Madí, y otros siete empresarios por supuestas irregularidades en la licitación, adjudicación y contratación del concurso público de 2015 para la gestión de los servicios de transportes de ambulancias en todo Catalunya, que obtuvo la UTE (Unión Temporal de Empresas) Egara, según ha informado el tribunal este martes. Esta causa deriva del conocido 3%, de supuesta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya, partido en liquidación, y es impulsada por el fiscal anticorrupción, José Grinda, el cual sostiene que Madí habría usado sus contactos políticos para favorecer esta contratación a cambio de comisiones al partido, irregularidad, negada por Madí y el resto de empresarios investigados.
En la providencia, el titular del juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional ha citado a Madí a declarar el 26 de abril, el mismo día que José Ramón Castarlenas Carielo, Manuel Castarlenas Carielo y María José Cordovilla Pérez. Al día siguiente están citados también en calidad de investigados Oscar Simón García, copriopietari de Egara; Juan Alberto Arqués Fondevila, de la sociedad Benito Arnó; Fermí Ferrán Calzada, director general de Egara, y Alejandro García-Gascón Portela, directivo de Egara. El magistrado ha comunicado a los investigados que en dos días comuniquen si quieren declarar por videoconferencia o comparecer en la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid.
Registros en Ambulancias Egara
Agentes de los Mossos de Esquadra y de la Guardia Civil registraron la sede de Ambulancias Egara, en Terrassa, a principio de marzo, por orden del juez Santiago Pedraz. La tesis de la fiscalía es que Ambulancias Egara habría dado comisiones para obtener adjudicaciones. La sociedad Egara ganó tres paquetes de servicios para operar por todo el territorio catalán y superar su ámbito de actuación histórico, que era el Vallès Occidental.
El caso 3% pendiente de juicio
Este caso de las ambulancias es una nueva pieza de la macrocausa del 3%, que está pendiente de juzgarse, y donde no está procesado David Madí. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción presentó el noviembre pasado su escrito de acusación, en el cual solicita penas de hasta 22 años de prisión por la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). En concreto, solicita la pena más alta, 21 años y 4 meses de prisión para el extesorero de la formación, Andreu Viloca por un delito de organización criminal, delito continuado de fraude a la administración pública, delito continuado de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Para el exconseller de Justicia y exgerente de CDC Germà Gordó, pide 18 años y diez meses. También solicita una multa de tres millones de euros a Convergència, o en su caso a su sustituto, el PDeCAT, por blanqueo de capitales. El fiscal cifra en 1,8 millones de euros el dinero que CDC habría obtenido de "pagos ilegales" a sus fundaciones.
Por su parte, Madí fue condenado a 14 meses de prisión por fraude fiscal en el caso Triacom, otra pieza del 3%, y la abogada del consultor, Olga Tubau, presentó recurso a la Audiencia de Barcelona para conseguir su absolución. Daví Madí también continúa investigado en la causa de Volhov, de supuesta financiación irregular del independentismo en el exterior, y en la causa secreta de Tsunami Democràtic, en la Audiencia Nacional. La fiscalía europea archivó la investigación que tenía de Madí y que le derivó el juez del caso Volhov, por unas conversaciones sobre subvenciones europeas.