La Audiencia Nacional pone en el punto de mira el empresario y exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) David Madí por el proceso judicial abierto a raíz de las supuestas adjudicaciones irregulares en Ambulàncies Egara por parte de la Generalitat. Según la providencia a la cual ha tenido acceso El Nacional, el juez Santiago Pedraz lo imputa a él y a siete personas relacionadas con la empresa porque sospecha que pueden tener vinculación con este caso que empalma con la investigación por el 3%. A pesar de la notificación, Pedraz todavía no fija fecha para que vayan a declarar y encomienda a los investigados que se busquen abogado y se les entregue la documentación recogida hasta el momento.
La sospecha más poderosa del juez es que Ambulàncies Egara es parte del entramado de empresas que habrían recibido concesiones públicas a cambio de comisiones irregulares, que se habrían utilizado para financiar CDC. De hecho, todo arranca en el 2015 cuando la compañía investigada ganó tres lotes de servicios para operar porel todo el territorio catalán y superar el ámbito de actuación histórico, que era el Vallès Occidental. Según la justicia, Madí los habría ayudado en la expansión buscando inversores y, de paso, habría colaborado para que ganaran los contratos públicos siempre que pagaran las comisiones pertinentes. De esta macrocausa, la del 3%, también depende la pieza separada de la productora Triacom, a partir de la cual un juzgado de Barcelona condenó a Madí a 14 meses de prisión por fraude fiscal. Él recurrió la sentencia y está a la espera de la respuesta del Audiencia Provincial de Barcelona.
La comunicación de la Audiencia Nacional da respuesta a la veintena de registros efectuados por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil la semana pasada en las dependencias de esta empresa, que desde el 2015 gestiona el servicio de ambulancias a diferentes partes de Catalunya (Lleida, Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre). Los agentes entraron a la sede de Terrassa, a la de Lleida y a una consultora de Barcelona. En las entradas, ordenadas por el mismo juez, los agentes buscaban documentación sospechosa sobre los contratos que, supuestamente, habrían adjudicado el servicio a la compañía cuando CDC formaba parte del gobierno catalán hace 8 años.
Después de la notificación, Madí ha negado a RAC1 la mayor de las sospechas. Ha dicho que la investigación es un "montaje chapucero" y ha asegurado que, cuando le toque, irá a declarar "para desenmascarar la justicia española". Hace unos días, a raíz de los registros policiales, la empresa en cuestión también se desvinculó de la trama que está bajo la lupa de la justicia y defendía la legalidad de los contratos conseguidos. "Ambulàncies Egara siempre ha participado en las licitaciones públicas de servicios de transporte sanitario cumpliendo con todos los requisitos, en igualdad de condiciones con el resto de empresas y respetando la legalidad vigente. Las adjudicaciones públicas conseguidas son fruto de procesos de participación totalmente transparentes". Además, la compañía relativizó un vínculo con Madí alrededor del 2012 "en el proceso de relevo generacional de la empresa" aunque afirmó que "no se materializó ninguna participación suya en el capital social".