Archivado. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona ha archivado la causa que abrió en abril de 2022 al empresario y exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), David Madí, con el fin de aclarar si "cobró comisiones por actos presuntamente ilícitos" entre los años 2019 y 2020, como lobbista, según ha avanzado este martes El Periódico y ha confirmado ElNacional.cat. Esta investigación es una pieza del caso Volhov, sobre la supuesta financiación al independentismo catalán con fondos públicos, donde David Madí fue detenido con una veintena de empresarios en octubre de 2020. Ahora, el magistrado Joaquín Aguirre concluye, después de la investigación y en comprobar el "fracaso" de las negociaciones ejecutadas por Madí para dos empresas, no se le puede acusar de tráfico de influencias y ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa contra el empresario catalán.
Para aclarar la actuación de David Madí, el magistrado solicitó a Hacienda una copia de las declaraciones tributarias hechas por el empresario, y también ordenó a la Guardia Civil que comprobara si podría haber cometido el delito de tráfico de influencias con las visitas que Madí hizo a la Generalitat, acompañando a empresarios y de la compañía Aguas de Catalunya, de la cual era presidente ejecutivo, hasta octubre de 2022. También se ha investigado sus actuaciones para una empresa sobre la legislación de VTC. David Madí siempre negó cualquier actuación irregular.
Negocios de Madí y Vendrell
En las escuchas telefónicas y seguimientos, realizados entre finales del 2019 y octubre del 2020, la Guardia Civil aseguró en algunos informes del caso Volhov que Madí y el ex conseller de ERC Xavier Vendrell habrían aprovechado sus contactos al Govern para hacer negocios particulares ante la crisis de la Covid-19 y otros proyectos. En el caso de Madí, se le vinculaba con unas conversaciones sobre las VTC (vehículos de transporte con conductor) con empresarios y la Generalitat, entre otros.
El juez Aguirre también derivó a la Fiscalía Europea una conversación de Madí por si podría ser delictiva sobre el reparto de ayudas europeas desde el gobierno español. El noviembre pasado, la Fiscalía europea archivó la investigación David Madí y a Joan Ferran por un presunto delito de fraude de subvenciones europeas, al constatar que hay una "ausencia de pruebas" pertinentes.
Negociaciones fracasadas
En la resolución, el juez detalla que a raíz de las conversaciones interceptadas a David Madí, los seguimientos efectuados por la Guardia Civil y la “vaguedad o inexistencia de las anotaciones de visitas a diferentes conselleries”- incumpliendo la norma del Registro de Grupos de Interés en Catalunya, destaca el juez- continuó la investigación y citó como investigados con relación a negociaciones a: Rafael García-Tapia, respecto a la legislación VTC y Eugeni Calabuig, para que Aigües de Cataluña pudiera asumir el control de AGBAR. Los dos aseguraron que encargaron a Madí que hiciera gestiones de lobby, pero “ninguna gestión ilegal”. El magistrado añade que David Madí “no consiguió ninguno de sus objetivos: la licencia de VTC se concedió la empresa competidora dirigida por Mar Alarcon, vinculada a ERC, mientras que Madí ejercía su ámbito de influencia más bien en la esfera de la antigua CDC, actualmente JuntxCat”.
Respecto a Aigües de Cataluña, filial de Global Omnium SA y su principal empresa es Aigües València, precisa que las gestiones también “debían de ser tan deficientes”, ya que García-Tapia presentó al juzgado un documento por el cual Madí le reclamaba 43.650 euros, que le debían de dejar de pagar “por el fracaso de las gestiones” del exdirigente de CDC. "Las relaciones con las dos empresas acabaron mal", sostiene el juez. Por todo esto, el juez Aguirre afirma que de las declaraciones judiciales “se puede deducir que la presunta influencia que David Madí pretendía tener no era tal, puesto que ambos negocios acabaron de la peor manera posible”, y que ante “la debilidad constatada de la influencia de Madí” no ha considerado necesario tomar declaración a “personalidades políticas con quienes se entrevistó”.
El magistrado sostiene que “no hubo un intento ilegítimo de influir eficazmente en la voluntad de los políticos afectados, a pesar de que matiza que “esto no quiere decir que Madí no lo intentara, pero no le hicieron el menor caso”. Y ante el que califica “un desastroso resultado de las gestiones” de Madí, si ejerció influencia, esta no cumple los requisitos delictivos para hacer cambiar la voluntad de un miembro de la administración”, y archiva provisionalmente esta pieza del caso Volhov.