Juan Carlos I, que se fugó a Abu Dabi hace cuatro meses, ha presentado una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal, según avanza El País. El escrito no está relacionado con sus bienes en el extranjero, sino con el uso de tarjetas bancarias con fondos opacos por parte del rey emérito y sus familiares.

El abogado de Juan Carlos I, Javier Sánchez-Junco, ha enviado la declaración a Hacienda, que la está analizando y dirá en los próximos días si acepta la regularización o solicita aclaraciones, y cuál es el importe a pagar.

La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga el uso —por parte del rey emérito y su entorno— de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes de las que no es titular. El dinero pertenecía al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que lo habría puesto a disposición de Juan Carlos I, que no lo declaró a Hacienda.

Habría defraudado más de 120.000 euros

El uso de las tarjetas se produjo entre 2016 y 2018, cuando el rey emérito ya había abdicado y perdido la inmunidad. El importe defraudado superaría los 120.000 euros en algunos ejercicios, límite a partir del cual se considera delito fiscal, castigado con hasta cinco años de cárcel.

La Fiscalía ya ha interrogado al empresario mexicano amigo del rey emérito y al coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, que fue su ayudante de campo durante diez años y que disponía de las tarjetas para pagar regalos y gastos personales de Juan Carlos I y sus familiares.

La presentación de una declaración voluntaria para regularizar su situación con Hacienda está sobre la mesa desde que Corinna Larsen declaró que Juan Carlos I le regaló 65 millones de euros procedentes de una donación que le hizo el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdelaziz.

65 millones con beneficiario oculto en Suiza

Por otra parte, a finales de noviembre se destapó que una de las cuentas que Juan Carlos I tenía en Suiza, la que abrió la fundación Lucum a la banca privada Mirabaud & Cie y donde se recibió un ingreso de 65 millones de euros provenientes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, ocultaba el nombre de su beneficiario, guardado en una caja fuerte a la que solo tenían acceso algunos miembros de la cúpula del banco.