El año 2022 ha empezado con un toque de atención dentro del poder judicial: el juez Carlos Antonio Vegas ha sido recusado de un caso por su parcialidad, expresada en su cuenta de Twitter. Esta decisión del TSJC ha enfurecido a otros jueces, que defienden estar por encima de sus propias opiniones políticas expresadas en las redes sociales. Es una posición que ha hecho estallar a Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional (TC).
A través de sus redes sociales, Urias ha recordado que el artículo 217 de la ley orgánica del Poder Judicial establece como posible causa de recusación tener "enemistad manifiesta" contra una de las partes del juicio. Para el exletrado, los tuits incendiarios de Vegas dejaban más que claras sus enemistades, pero hay miembros del Poder Judicial que aseguran lo contrario.
La imparcialidad objetiva -garantizada también en el art. 24 CE- consiste en que, por muy capaz que sea el juez en sala de abstraerse de sus sentimientos, tenga además apariencia de neutralidad.
— Joaquín Urias (@jpurias) January 3, 2022
A algunos su soberbia no les deja verlo; por suerte hay otros jueces más razonables👇🏼 pic.twitter.com/7ZtnXVZTu3
En una serie de capturas de tuits sobre la recusación de Vegas, Urias muestra como hay jueces que defienden su capacidad de ser imparciales después de insultar o expresar su posición ideológica en público. "Algunos jueces parecen creer que están por encima de la ley", lamenta en su publicación.
Urias rompe una lanza a favor de otros miembros de la profesión que entienden que sus opiniones pueden afectar a su trabajo en determinados contextos. Un hecho que el exletrado comparte. En un segundo tuit celebra que haya jueces que estén dispuestos a ver que no siempre pueden ser imparciales. "A algunos su soberbia no les deja verlo; por suerte, hay otros jueces más razonables", señala.
Una cuenta desaparecida
"La cuenta no existe". Esto indica Twitter del usuario @EstadoCharnego, del cual era titular el magistrado Carlos Antonio Vegas, que se había dedicado a tuitear contra el independentismo y los políticos catalanes, hasta que fue denunciado. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió, a petición de la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, enviar el caso de este juez al Promotor de la Acción Disciplinaria, acción que provocó que el juez pusiera el candado en su cuenta. Y ya la ha cerrado. El magistrado se identificaba con el nombre de Randy Watson, y la cuenta @EstadoCharnego, abierta desde el 2014, la seguían 6.340 personas, entre ellos muchos abogados o profesionales relacionados con el sector de la justicia. Hoy consta cerrado y con 14 seguidores.
Además de ser investigado por el Poder Judicial, la sala de lo social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha aceptado la tramitación de una recusación contra él al cuestionarse su imparcialidad ante su actividad en Twitter. La recusación fue presentada por la periodista Pilar Rahola en el caso que se sigue por su despido de La Vanguardia. Aunque finalmente el despido se ha cerrado con un acuerdo amistoso, el procedimiento judicial ha recaído en el juzgado de lo social 1, que tiene como titular a Carlos Antonio Vegas. La periodista presentó un incidente de recusación contra el magistrado alegando dos causas previstas en el artículo 219 de la ley orgánica del Poder Judicial como "son enemistad manifiesta" y "tener interés directo o indirecto en el pleito o causa".
Imagen principal: Joaquín Urias, durante una conferencia / Sergi Alcàzar