El futuro final del escaño de Laura Borràs se está eternizando por la dialéctica entre el Parlament de Catalunya y la Junta Electoral Central (JEC). Por segunda semana consecutiva, la JEC ha aplazado la decisión definitiva sobre el acta de la presidenta suspendida, que arrastra una condena por prevaricación y falsedad documental por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). A lo largo de estas semanas, la JEC está concentrando toda la energía en solventar las carpetas que tienen que ver con la campaña electoral y, según fuentes de la Junta, en la reunión de este martes tampoco se ha abordado el asunto Borràs, que se tendrá que dirimir una vez pasen las elecciones municipales y autonómicas de este domingo. A la vista de los precedentes de Quim Torra i Pau Juvillà, el órgano electoral podría enviar un requerimiento a la Mesa para que haga efectiva la retirada definitiva.
El último movimiento en esta partida lo hizo el Parlament, que se salió por la tangente la semana pasada afirmando que mantiene el acta de diputada de Borràs a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) resolviera el recurso presentado. A través de un escrito, la Mesa informó de que había pedido al Supremo que, como medida cautelar, suspendiera la decisión de la JEC hasta que se resolviera el caso. Esta huida adelante era la respuesta a la última acción del órgano electoral, que hace dos semana había dado 5 días más de margen a la cámara catalana para que informara de los pasos que había seguido para expulsar a Borràs del Parlament atendida la condena no firme del TSJC, en aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG).
En paralelo, la defensa de la presidenta suspendida acudió al TS por paralizar urgentemente la retirada del escaño, pero el alto tribunal le mantuvo la baja como diputada en el Parlament rechazando dejar sin efecto el acuerdo de la JEC por la vía rápida. Las alegaciones para detener la determinación de la JEC se están estudiando por la vía ordinaria.
Ciudadanos pone prisas a la JEC
Detrás de la estrategia para decapitar Borràs lo más rápido posible está el grupo parlamentario de Ciudadanos, que se ha quejado repetidamente del Parlament de Catalunya a la Junta Electoral, a quien han pedido que actúe contra los miembros de la Mesa por no hacer caso a sus órdenes. Además, los naranjas también reclamaron que se abriera "un procedimiento sancionador" contra la presidenta en funciones, Alba Vergés, por no haber hecho caso de las órdenes "desafiando abiertamente" la JEC. También quieren que el caso vaya a manos de la Fiscalía porque, según su punto de visto, la actitud de la Mesa puede constituir un delito de desobediencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha condenado a Borràs a 4 años y medio de prisión y 13 años de inhabilitación a cargo público y pagar una multa de 36.000 euros al considerarla autora de un delito de prevaricación y otro con falsedad documental por su gestión cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre los años 2013 en el 2017. Con todo, Borràs ha recurrido esta decisión al Tribunal Supremo para pedir que se dicte una nueva sentencia "absolviendo Borràs de los delitos para los cuales viene inicialmente condenada".