La Junta Electoral Central (JEC) se reúne a partir de las 17h para dar respuesta al incumplimiento de la orden de retirada de los lazos amarillos por parte del president de la Generalitat, Quim Torra, que no acató la decisión de sacarlos de los edificios de la Generalitat en los dos plazos que le dio al árbitro electoral y que podría acabar en una multa al president.
Sobre la mesa varias posibilidades, que van de una nueva advertencia al traslado del caso en la Fiscalía para que abra un procedimiento penal, pasando por una sanción administrativa y para pedir a los Mossos o a la delegación del Gobierno en Catalunya algún tipo de actuación.
Además, en la reunión que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados la JEC podría abordar también sobre los símbolos con qué la Generalitat –y algunos ayuntamientos- han sustituido los lazos amarillos. De momento, según fuentes de la delegación del Gobierno en Catalunya, la JEC no ha pedido nuevas imágenes sobre los símbolos que han sustituido los anteriores.
La JEC se reúne sin la presencia de los dos magistrados del Tribunal Supremo que forman parte del tribunal que juzga el 1-O y tendrá sobre la mesa la maniobra del presidente de la Generalitat, que ha sustituido la pancarta que había en la fachada de Palau –con el lema 'Libertad presos políticos y exiliados' y el lazo amarillo- por otra de muy similar que cumple literalmente la orden dada por la JEC (no puede haber esteladas ni lazos amarillos) donde pone el mismo mensaje y un lazo blanco calado por una franja de color rojo como el que denuncia la falta de libertad de expresión.
Respuesta a Torra
La reunión ha sido convocada expresamente para dar respuesta a Torra una vez expiró este martes el nuevo plazo que le dio para que acatara la petición, y después de rechazar también las alegaciones pedidas por el presidente de la Generalitat, que pedía aclaraciones y apuntaba que estaba pendiente de unas aclaraciones del Síndic de Greuges, que miércoles por la noche aconsejó retirar los símbolos.
La JEC puede ahora optar por varias vías. En caso de que considere que ha habido un incumplimiento, tiene sobre la mesa tres posibilidades de actuación que se pueden solapar: abrir un expediente sancionador que puede derivar en una multa de hasta 3.000 euros, ordenar a las fuerzas policiales que retiren los lazos, y trasladar el caso a la Fiscalía porque –si lo determina- abra la vía penal por desobediencia, tal como hizo con la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, condenada a seis meses de inhabilitación por desobediencia al negarse a retirar la estelada del ayuntamiento en las campañas del 2015.
Tiene sobre la mesa las fotografías que este martes le envió –una vez expirado el plazo- la delegación del Gobierno a Catalunya. Acreditan que después de las tres de la tarde del martes todavía había lazos amarillos en las fachadas del Palau de la Generalitat y las conselleries de Gobernación, Cultura, Territorio, Empresa, Interior, Economía, Agricultura y Salud.