Segundo ultimátum de la Junta Electoral Central y segunda vez que el presidente de la Generalitat opta por mantener el pulso. Se trata de una decisión delicada, que él mismo ha comunicado a los miembros de su Gobierno, en la reunión del consejo ejecutivo de este martes. Delicada porque no afecta sólo a la pancarta que cuelga del Palau de la Generalitat, sino que incumbe a decenas de edificios públicos, incluidas las trece consejerías de la Generalitat.
Durante la reunión con los consellers, Quim Torra ha defendido su voluntad de plantar cara la JEC manteniendo los símbolos a favor de la libertad de los presos. Y ha descargado en los consellers la decisión sobre qué hacer en cada una de las sedes de las consejerías que comandan, de la misma manera que ha manifestado que no da indicaciones a los altos cargos y funcionarios responsables de instalaciones de titularidad pública -desde hospitales a universidades o centros de investigación-, sino que les deja las manos libres para que sean ellos quienes decidan si retirarlos o no.
Incomodidad de algunas consejerías por la socialización de la decisión
La posición adoptada por Torra, que incluso ha llamado a Pere Aragonés -de baja por paternidad-, ha incomodado a algunos de los miembros del Gobierno, que entienden que la decisión tendría que recaer en el presidente de la Generalitat, en vez de socializarla.
Y aquí es donde empieza el ruido. Algunas voces atribuyen el malestar a determinados consellers de Junts per Catalunya, pero también de ERC que no verían con buenos ojos el hecho de persistir en la desobediencia por una batalla meramente simbólica, con los riesgos que ello comporta. En cambio, desde JxCat se asegura de que la decisión es unánime y que todas los integrantes del ejecutivo van a la una. Sobre el hecho de que uno de los muchos lazos que se exhibían en la conselleria de Empresa se haya descolgado, fuentes del Gobierno replican que en ningún caso ha sido una orden de la consellera Chacón. Ella misma ha mostrado públicamente su indignación por el hecho de que se haya puesto en duda su compromiso con los presos y exiliados.
Si algú ha portat el llaç groc en entorns on ningú el portava, ha estat precisament aquesta consellera. Vergonyós que algú posi en dubte el meu compromís vers els #presospolitics i exiliats. La JEC no podrà aturar el nostre dret a la llibertat d’expressió. 🎗
— Àngels Chacón (@angelschacon) 19 de març de 2019
El Síndic tendrá la última palabra (y le obedecerán)
Para tratar de reconducir la situación, el presidente Torra ha propuesto una solución que parece que ha acabado convenciéndolos a todos. Que sea el Síndic de Greuges quien dicte la decisión final y que "guste más o menos" se acate, aunque las recomendaciones del defensor del pueblo no sean viculantes. Torra ha encargado personalmente el informe a Rafael Ribó, que se tendrá que pronunciar en las próximas horas.
De momento, sin embargo, sólo hay una certeza, y es que ahora mismo el Govern de la Generalitat, con su presidente al frente, están desobedeciendo la orden de la JEC. La autoridad electoral ha pedido a la Delegación de Gobierno que notifique si el ejecutivo catalán cumple o no. Si comprueban que no se acata, como es el caso, ordenarán a los Mossos d'Esquadra que procedan a sacar lazos y pancartas a favor de los presos, actuando como policía judicial.
La cuestión es: ¿qué llegará antes? ¿El informe del Síndico o la orden de la JEC a los mossos?