Este martes por la tarde expiraba el nuevo plazo que la Junta Electoral Central ha dado al presidente de la Generalitat para que saque de los edificios públicos los lazos amarillos, las pancartas de apoyo a los presos y exiliados y las fotografías de todos ellos que lucen en muchas dependencias del Gobierno. En el caso de los que cuelgan de la fachada del Palau de la Generalitat, la decisión le corresponde al propio president. En ese sentido, Torra ha decidido mantenerlos, como muestra de libertad de expresión. 

En cambio, para no comprometer ni arrastrar a los funcionarios a la desobediencia, Quim Torra opta por dar libertad para que cada conselleria haga lo que considere más adecuado. Rertirarlos o dejarlos. Así se ha acordado a la reunión de gobierno de este martes. La medida responde a la voluntad del president de "proteger a los funcionarios y darles libertad para actuar como ellos crean oportuno si reciben requerimiento por parte de la junta electoral".

Durante la reunió, el president ha dejado claro que la decisión sobre el Palau de la Generalitat es exclusivamente suya pero que en ningun caso es una instrucción a funcionarios y no ha dado ninguna orden a consellers. Eso sí, los miembros del ejecutivo se han conjurado para dar una respuesta coordinada. 

Eso signiica que, según ha explicado la portavoz Elsa Artadi, que en las 13 consellerías se adoptará la misma decisión. Es por ello que Torra ha pedido al Síndic de Greuges que estudie el caso y traslade una recomendación sobre qué hay que hacer. El president, ha explicado Artadi, seguirá el consejo que indique el Síndic, "nos guste o no". En paralelo, los servicios jurídicos de la Generalitat han trasladado un escrito a la Junta Electoral Central comunicando estas decisiones. 

 

En el texto, el president adjunta el listado de bienes inmuebles propiedad de la Generalitat, de "tipología de gestión muy variada, algunos gestionados por empresas públicas, otros cedidos a empresas privadas prestadoras de servicios públicos, a consorcios, fundaciones". Y sigue argumentando que "son centros de autonomía funcional, como hospitales, centros de atención primaria, centros de investigación, universidades, escuelas, centros de jubilados" y un largo etcétera. A su vez, informa a la JEC de la solicitud trasladada al Síndic de Greuges. 

Una de las posibilidades que ahora se abren es que la JEC mande a los Mossos que actúen como policía judicial y retiren toda esta simbología. Desde el ejecutivo, Artadi deja claro que "en todos los casos, los Mossos harán lo que sea necesario, sin indicaciones políticas". 

Los relevos de Artadi y Borrás, el lunes

La de este martes ha sido la última reunión del Gobierno donde participaban las conselleras Laura Borrás y Elsa Artadi. En su última rueda de prensa como portavoz, Artadi ha explicado que este lunes sus sustitutas tomarán posesión del cargo. 

A raíz de esta crisis de gobierno, el PDeCAT verá reforzada su presencia en el ejecutivo. Ni Artadi ni Borrás tienen el carné del PDeCAT. En cambio, por lo menos uno de los dos recambios sí que lo tendrá. El que ya está confirmado es el de Meritxell Budó como consejera de Presidencia y portavoz. Ella es actualmente alcaldesa de La Garriga y es del partido. Lo mismo podría ocurrir con la nueva consellera de Cultura. Uno de los nombres que suena con fuerza en las últimas horas es el de Àngels Ponsa, a día de hoy directora general de Cooperación Cultural. Es también miembro del PDeCAT y de hecho este es el motivo por el cual podría acabar optándose por un nombre alternativo. Alternativo e independiente.