Un inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española ha admitido este lunes en el juicio a la familia Pujol Ferrusola que no han podido aclarar el origen de los millones de pesetas que tenían en cuentas andorranas desde 1992 hasta 2014 sin declarar a Hacienda. “El origen es desconocido. Ni Andorra por su antigüedad ni las comisiones rogatorias internacionales nos dieron información. No está claro el origen ni las transmisiones, ya que la mayoría no estaban firmadas”, ha declarado el agente de la policía española 105.601 ante el tribunal de la Audiencia Nacional, que juzga al presidente Jordi Pujol, sus siete hijos y nueve empresarios por blanqueo de capitales.
El policía, a preguntas del fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, ha explicado que las cuentas de los siete hijos en Andorra recibieron cerca de 5.000 millones de pesetas (unos 30 millones de euros) entre los años 1995 y 2043, con 25 transferencias en efectivo y entre hermanos. “Se intenta poner capas e integrarlo en el sistema financiero con la compra de productos”, ha asegurado el policía. Anticorrupción mantiene que este dinero proviene de haber cobrado comisiones ilegales a empresarios a cambio de adjudicaciones públicas, pero aún no lo ha demostrado. El abogado de la familia, Cristóbal Martell, no ha hecho ninguna pregunta porque seguramente considera que la tesis de la defensa no está desvirtuada.
Los 126 millones a cada uno
La defensa asegura que los siete hermanos Pujol Ferrusola y la madre, Marta Ferrusola —sin contar al presidente Pujol— recibieron cada uno 126.000.000 pesetas procedentes de una herencia del abuelo Florenci Pujol, que estaba en una cuenta única en Banca Reig (después Andbank). Jordi Pujol Ferrusola empieza a repartir los beneficios entre los hermanos a partir de agosto de 1992, y efectúa pagos iguales. Un hecho compartido por el investigador policial, pero con criterio sospechoso. En el año 2010 traspasaron las cuentas a la Banca Privada de Andorra (BPA), que les adjudicó una fundación a cada uno para gestionar sus fondos. La BPA fue extorsionada y cerrada para obtener datos bancarios de los Pujol y políticos catalanes, según denunciaron sus titulares y como investiga una jueza de Andorra.
La operación de CAT Helicòpters
Por su parte, el abogado de Josep Pujol Ferrusola, Jaime Campaner, sí que ha requerido al inspector policial que analizó las cuentas de los Pujol ciertas aclaraciones. La primera ha sido sobre la sociedad CAT Helicòpters, empresa compartida por Josep Pujol y Jorge Barrigón —que también es juzgado—, que obtuvo adjudicaciones del Govern entre los años 2008 y 2010; pero no con CiU, sino con el conseller de Interior, Joan Saura (ICV). Los policías también cuestionaron que hubiera un piloto del Servei Català del Trànsit contratado a la vez en CAT Helicòpters, el cual tenía permiso y no representaba ninguna irregularidad, han aclarado las defensas.
La Fiscalía también sostiene que el préstamo de unos 900.000 euros de Josep a Barrigón en el año 2010 “es ficticio” y es una operación de blanqueo de capitales, lo que niegan sus defensas. No obstante, ha tenido que admitir que Hacienda validó en 2013 este préstamo. En cuanto a los movimientos bancarios, Campaner le ha requerido de dónde había sacado los datos: si del pendrive del registro del fiscalista de la familia Joan Sánchez Carreté, de registros o de las comisiones de Andorra, para aclarar su licitud, y el policía no lo ha podido detallar.
“No detalla nada”
Antes, el presidente del tribunal que juzga a los Pujol, el magistrado José Ricardo de Prada, ha puesto en cuestión la investigación realizada por el instructor de la policía española, Álvaro Ibáñez, este lunes. Ibáñez (con el número policial 89.140) ha sido interrogado por las defensas que quedaban, que le han vuelto a requerir cuál era el delito de origen del blanqueo de capitales del que acusa a los Pujol y a los empresarios. "Está suficientemente claro cuál es la tesis del testigo; el testigo llega hasta donde llega. Ya hemos constatado que a lo mejor no nos está aportando datos muy concretos", ha manifestado De Prada abiertamente. No obstante, el magistrado ha vuelto a proteger al inspector Ibáñez, y ha pedido que no lo abordaran tanto para que, ha dicho textualmente, "no se produzca la psicología del erizo". Es decir, que no conteste a nada.
Pujol Júnior tenía “dominio fáctico” sobre todos
En su interrogatorio, el instructor de la UDEF Álvaro Ibáñez ha tenido que admitir que en sus informes finales no incluyó las explicaciones exculpatorias de los investigados e incluso obvió informes de Hacienda. Ana Bernaola, abogada de Alejandro Guerrero Kandler, ha estado incisiva para que el inspector de la policía española aclarara “sus interpretaciones erróneas” en las operaciones bajo sospecha. Una de ellas es la compra de un solar en L'Hospitalet de la sociedad de Guerrero a la sociedad FCC en 2002, que la Policía y la Fiscalía asocian a la construcción de la obra pública de la Gran Via en 2007, adjudicada a la UTE Copisa-#FCC. “No hay una vinculación directa, pero está”, ha respondido Ibáñez. La penalista también ha expuesto en la sala que “Guerrero fue citado a la policía como testigo, aportó toda la documentación, y después fue imputado”.
Por su parte, Carles Monguilod, defensor de Gustavo Buesa, que es juzgado por las operaciones con los vertederos de Tivissa (Ribera de Ebro) y Cruïlles o Vacamorta (Baix Empordà), también ha requerido varias veces al instructor policial cuál era el delito fuente para después supuestamente blanquear el dinero. "El delito de corrupción no existe, ¿cuál de los ocho tipos penales indica?", le ha exigido el penalista sin obtener respuesta. La policía también apretó a Buesa, que lo citó como testigo con obligación de decir la verdad, y después fue imputado, ha recordado su abogado.
Finalmente, José María Fuster-Fabra, defensor de Josep Mayola, socio de Buesa, ha preguntado al inspector “cómo podía saber en 2002 que el dinero que aportaba el hijo mayor de Pujol podría tener un origen ilícito, que es el dolo subjetivo exigido en el blanqueo”. El presidente del tribunal ha salvado al policía, diciendo que se le hacían “preguntas difíciles” y que se provoca “el efecto erizo”.
Acorralado, el inspector Ibáñez ha declarado que Jordi Pujol Ferrusola ejercía un "dominio fáctico" sobre las instituciones para que favorecieran los proyectos en los que invertía, entre ellos los vertederos de Tivissa y Vacamorta, a pesar de que eran gobernadas por el PSC o el tripartito. El juicio continúa este martes con el interrogatorio de más policías de la UDEF que participaron en la investigación a los Pujol.