Andorra será la protagonista de la reanudación del juicio al president Jordi Pujol, sus siete hijos y nueve empresarios este lunes en la Audiencia Nacional, en Madrid. Responsables de las entidades Andbank (antes Banca Reig) y de la Banca Privada de Andorra (BPA) —con sus titulares coaccionados por la policía patriótica del PP e intervenida y cerrada en 2015— deberán explicar desde cuándo la familia Pujol tenía cuentas en sus entidades. También deberán aclarar su sistema de funcionamiento y si favorecieron el blanqueo de las supuestas comisiones ilegales de los Pujol pagadas por empresarios, según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción. La familia Pujol abrió cuentas en Banca Reig hacia el año 1992 y en el año 2010 Andbank les habría invitado a marcharse y fueron a la BPA. Después de la publicación de sus cuentas por El Mundo, en 2014 legalizaron el dinero, pagando a Hacienda, y lo trasladaron a la filial de la BPA, Banco Madrid, también liquidada, a pesar de que la Justicia resolvió después que no había ninguna irregularidad en la entidad.
En concreto, el tribunal ha citado este martes catorce testigos andorranos, que declararán por videoconferencia, como la mayoría. Los principales son: el presidente de Andbank, Manel Cerqueda Donadeu, y el antiguo empleado de Banca Reig, Josep Maria Pallerola, que era gestor de las cuentas de los siete hijos de Pujol y de Marta Ferrusola, que murió el año 2024. El nombre de Pallerola ha sido citado en diversas sesiones del juicio, ya que algunas personas que tenían cuentas en Andorra en los años 90 recibieron supuestamente transferencias millonarias de los Pujol, pero que no subían a sus cuentas, sino que eran “apuntes” de Pallerola.
La extorsión a la BPA
En cuanto a la BPA, declarará su propietario Higini Cierco, que denunció en 2016 en un juzgado de Andorra haber sido coaccionado por agentes de la policía española para que dieran de forma ilegal información bancaria de los Pujol o políticos catalanes. Joan Pau Miquel, entonces director general de la BPA, también tiene que declarar como testigo en la Audiencia Nacional. Miquel ya habló en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados y aseguró que los directivos de la BPA fueron coaccionados por la policía española, pero que no dieron ninguna información.
En el juicio a los Pujol, el comisario jubilado Marcelino Martín Blas aseguró que su superior Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la policía española, le hizo ir a un hotel de Madrid, donde Joan Pau Miquel le daría información; pero que no le dio nada. Finalmente, se encontraron en una boda de un sobrino de José María Fuster-Fabra (abogado de uno de los empresarios que se juzgan) y Martín-Blas aseguró que le dieron “un papel antiguo que parecía de los años 30 y que solo ponía Pujol 1 millón, que no servía para nada”. Martín Blas añadió que la información que recibió no fueron los datos bancarios del pantallazo publicado por El Mundo en 2014 y atribuyó la autoría al excomisario de la policía española José Manuel Villarejo, y que se le preguntara a él.
Además, ha sido citada como testigo Maria Roser Castellón, secretaria del consejo de administración de la BPA, que también fue invitada a transmitir a sus jefes que debían colaborar con la policía española. En concreto, el inspector del CNP Bonifacio Díez, “Boni”, que fue agregado de la embajada española en Andorra del 2008 al 2013, le habría dicho: ‘Roser, estas presiones que estáis recibiendo les tenéis que hacer caso porque van en serio’. En el juicio en la Audiencia Nacional, Díez solo admitió que “era amigo de Roser” y que le encargaron un informe societario de Oleguer Pujol. Nada más.
Por su parte, Celestino Barroso, policía sustituto de Díez en la embajada española en Andorra, tendrá que aclarar su actuación este martes ante el tribunal. El comisario jubilado José Manuel Villarejo, que validó la operación Catalunya ante una jueza de Andorra, hizo el sordo ante el tribunal que juzga a los Pujol. Es decir, los tres policías se quitaron las pulgas de encima, sobre todo porque están imputados por la extorsión de la BPA en un juzgado de Andorra, junto con el expresidente español Mariano Rajoy y los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz.
Los investigadores de la UDEF
El juicio a la familia Pujol Ferrusola se iniciará el lunes con la continuidad del interrogatorio al instructor policial de la causa, el inspector Álvaro Ibáñez, que dejó tocada su imparcialidad al confesar que tiene “animadversión personal” a los Pujol y a sus abogados. Lo interrogarán las defensas de los empresarios imputados que faltan.
En esta sesión, la 21, también están citados a declarar otros policías de la UDEF que investigaron las cuentas de los Pujol y las operaciones de Jordi Pujol Ferrusola con el cobro de comisiones millonarias. Por ahora, su defensa, ejercida por el penalista Cristóbal Martell, y la de los empresarios que se juzgan han sabido dar respuesta, que puede ser suficiente para desmontar la acusación del blanqueo de capitales; y más cuando no hay un delito de origen del blanqueo claro.
El juicio continuará el miércoles y el jueves, con más testigos. Por ahora, ya han declarado más de un centenar de testigos; algunos no se han encontrado y también hay quienes , por su estado de salud, se ha descartado su declaración.
La declaración de los investigados se prevé para abril, momento en que el president Pujol deberá volver a ser examinado por forenses del juzgado, los cuales ya determinaron que, por deterioro cognitivo por su avanzada edad, no se podía defender.