Pedro Sánchez ha intentado estas últimas semanas pasar página de la corrupción y recuperar la iniciativa de la legislatura para terminarla en pie el año que queda. Para volver a coger impulso, el presidente del Gobierno ha encargado a su equipo elaborar los próximos presupuestos generales del Estado. Todo el mundo los da por perdidos, pero le permite recuperar la iniciativa; y, en caso de querer anticipar elecciones y que la cámara los tumbe, tener así una excusa; no por el asedio de las causas judiciales. Para intentar superar el primer obstáculo, el presidente del Gobierno ha optado por una estrategia que se basa en perimetrar qué casos, según él, sí que son corrupción y cuáles no. Lo resumió de la siguiente manera en una comparecencia en el Congreso de los Diputados y en un discurso en Ferraz durante el comité federal del PSOE: José Luis Ábalos y Santos Cerdán sí que formaban parte de un entramado de causas irregulares vinculadas a "la antigua secretaría de Organización del PSOE", habrá que analizar bien el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, y las causas contra su entorno familiar —su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David— son casos de lawfare.
Pero esta semana a Sánchez se le ha agrietado el perímetro. A Santos Cerdán se le investiga por el caso Koldo, pero también por el caso Leire, un entramado de cloacas diseñadas presuntamente en la sala de máquinas del PSOE para obtener información o actuar contra jueces, fiscales y mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vinculados a causas contra los intereses de Pedro Sánchez. Ahora el juez sospecha que estas cloacas tuvieron una fuga y ha decidido imputar a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. La misma UCO apuntaba en un informe entregado al magistrado que Leire Díez habría conseguido que González iniciara algunas "actuaciones administrativas" contra los agentes que investigaban causas relacionadas con el PSOE y el Gobierno.
Se trata de un cargo de máxima confianza del Gobierno. González ya era directora de la Guardia Civil antes de las elecciones generales del 23-J de 2023, un cargo que abandonó para ir en las listas del PSOE. Es militante de la formación, pero no forma parte de la secretaría de Organización de los socialistas. Con su imputación, más de tres décadas después del caso Roldán, la tormenta judicial penetra el tejado de la Dirección General de la Guardia Civil y se enfanga el despacho de un cargo de confianza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
González compareció el pasado mes de junio en el Senado, y admitió haberse reunido con Leire Díez; después de haber negado que ella hubiera tenido nunca ningún contacto con ella. Ahora bien, defendió que esta siempre se presentó como periodista y negó cualquier vinculación con las presuntas maniobras para presionar o desacreditar la UCO. Según su versión, el primer encuentro fue una toma de contacto después de su nombramiento como directora general de la Guardia Civil, mientras que en el segundo Leire le planteó la posibilidad de reincorporar al comandante Rubén Villalba a su puesto de trabajo, una petición que asegura haber rechazado porque estaba investigado por el caso Koldo. González sostiene que aquella fue la última vez que se vieron e insiste en que nunca ha interferido en ninguna investigación ni ha ejercido ninguna presión sobre los agentes de la Guardia Civil.
Pero —igual que pasó con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso de la filtración de los correos electrónicos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso— nadie dimitirá; al menos de momento. Fuentes del Gobierno aseguran que Marlaska mantiene toda su confianza con González y con Manuel Llamas, director adjunto operativo.
El caso Zapatero se enreda: la Abogacía del Estado se persona en el caso de las joyas
A quien Sánchez también le traslada su confianza es a José Luis Rodríguez Zapatero. Estos últimos días ha situado al expresidente del Gobierno en el limbo: reivindica la presunción de inocencia, trata de exculparlo quitando importancia a los regalos que reciben los presidentes del Gobierno cuando viajan y a la vez pide esperar a que avance la investigación y que su antecesor en el cargo dé las explicaciones pertinentes.
Y ahora todo se le complica todavía más porque la Administración General del Estado se ha visto obligada a personarse en este caso. El juez José Luis Calama hizo un regalo envenenado a Hacienda, poder participar en el proceso en tanto que es una "parte potencialmente perjudicada" en el caso de las joyas de 1,3 millones de euros escondidas en la caja fuerte de su despacho, sin declarar. Y la Abogacía del Estado ya ha confirmado que se personará. No solo eso; sino que la Agencia Tributaria ha confirmado al magistrado que ha abierto una investigación con inspecciones fiscales sobre el expresidente y su familia.