El Ministerio de Hacienda ha decidido personarse a través de la Abogacía del Estado en el caso de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros y escondidas en una caja fuerte en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata, según trasladan desde el ejecutivo, de una decisión técnica habitual en investigaciones de este tipo. El juez de la Audiencia Nacional que lo investiga, José Luis Calama, ofreció a Hacienda personarse en la causa separada que el magistrado abrió por esta fortuna, teniendo en cuenta que podría ser una "potencial perjudicada" en un delito de fraude fiscal.
El pasado 17 de junio Zapatero declaró ante Calama para dar explicaciones sobre el caso Plus Ultra, la trama de tráfico de influencias internacionales por la que se le investiga. No consiguió convencer al juez, que sigue sospechando que ha liderado una banda criminal, pero sí que dio su propia versión de los hechos. Ahora bien, no quiso pronunciarse sobre las joyas. Defendió que antes quería recopilar documentación sobre todos estos objetos. Por ahora, la versión del expresidente es que son regalos que recibió por parte de homólogos durante su etapa al frente del Gobierno. El expresidente se comprometió a ampliar su declaración posteriormente ante el juez en pocos días; pero las explicaciones por parte de Zapatero todavía no han llegado.
Las joyas aparecieron dentro de la caja fuerte del despacho de Zapatero cuando la policía lo registraba a raíz de la investigación por el caso Plus Ultra. Durante aquel registro, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, aseguró a los investigadores que la fortuna de casi 80 piezas procedía de una herencia familiar de la esposa del expresidente, Sonsoles Espinosa, así como de regalos de viaje. Posteriormente, fuentes próximas a Zapatero también apuntaron que parte de las piezas podrían corresponder a obsequios institucionales. Sánchez ha salido en defensa de su antecesor en el cargo y ha explicado que los presidentes del gobierno reciben varios regalos y que a menudo no se es consciente de qué obsequios se han recibido hasta que no vuelven a Madrid.
El magistrado abrió una causa separada por fraude fiscal y contrabando
El magistrado señalaba que los hechos investigados podrían encajar en delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública, ya que el expresidente no declaró fiscalmente los regalos que habría recibido. Calama defiende que la investigación apunta a un posible perjuicio económico para las arcas públicas vinculado a ingresos de titularidad estatal gestionados por la Agencia Tributaria. Con este argumento, considera que Hacienda tiene la condición de posible parte perjudicada y, en consecuencia, está legitimada para ejercer las acciones penales y civiles que correspondan.