La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha comparecido este martes en la comisión de Interior del Senado. La Unidad Central Operativa (UCO) de esta misma unidad policial reveló que González tuvo varios encuentros con Leire Díez, conocida como fontanera de Santos Cerdán y personaje principal de las cloacas del PSOE, la trama que intentaba torpedear investigaciones judiciales que van contra los intereses de Pedro Sánchez. Uno de los objetivos a batir de Leire eran los comandantes de la UCO que llevaban la batuta de estas indagaciones. Este martes, González ha reconocido haber mantenido dos reuniones con Leire, en las que la exmilitante del PSOE se habría presentado como mera periodista. Pero ha asegurado que no ha participado nunca en ninguna maniobra contra la UCO ni contra ningún agente en concreto.
"No he interferido en ninguna investigación, nunca, nunca, ni de la UCO, ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil", ha reiterado en varias ocasiones la directora del instituto armado. Ha insistido en que siempre ha mantenido un "respeto escrupuloso, total y absoluto a su trabajo" y la "necesaria independencia judicial". También ha afirmado que no ha adoptado nunca "ninguna medida como elemento de presión" contra los agentes, después de que la UCO apuntara que se abrieron varias informaciones reservadas, lo cual los investigadores relacionaron con la influencia de Leire sobre la directora general de la Guardia Civil.
Durante su exposición inicial, la directora de la Guardia Civil ha relatado su relación con Leire. Ha explicado que ambas intercambiaban mensajes de WhatsApp cuando ella era delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y la socialista trabajaba en Correos. Pero ha asegurado que no se vieron nunca en persona. El primer contacto personal se produjo, ha relatado, cuando fue nombrada máxima responsable del instituto armado. Según su versión, Leire le pidió tomar un café y se presentó como una mera periodista, cosa que ella interpretó como la voluntad de añadirla a su lista de contactos si en algún momento pretendía conseguir información de algún tipo.
Fue en un segundo encuentro, ha explicado, cuando Leire le mencionó la posibilidad de volver a ubicar en su puesto de trabajo al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, uno de los investigados en el caso Koldo. Según González, ella se negó rotundamente porque era incompatible con el hecho de que estuviera salpicado en un caso de presunta corrupción. Esta fue la última vez que las dos se vieron las caras, ha asegurado.
Las presiones que denuncian los agentes de la Guardia Civil
El juez del caso Leire, Santiago Pedraz, ha señalado que la presunta trama tuvo su "punto de inflexión" en abril de 2024, cuando Sánchez abrió un periodo de reflexión de cinco días sobre si continuaba o no en el cargo tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Además, la UCO recoge en diferentes atestados declaraciones de exmandos de esta unidad constatando que, desde junio de 2024, se habrían ejercido presiones contra ellos para "ponerse de perfil" en la investigación que afectaba a David Sánchez, el hermano músico del presidente del Gobierno. Los agentes de la UCO señalaron la posible influencia que ejerció Leire sobre González, que sustituyó a Leonardo Marcos al frente de la Guardia Civil en septiembre de 2024, y que se tradujo en la apertura de tres informaciones reservadas por posibles filtraciones producidas desde la propia UCO.
El pasado 27 de mayo, en paralelo a la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz, el teniente coronel al frente de las pesquisas, Antonio Balas, se desplazó a la Dirección General de la Guardia Civil para acceder al despacho del director adjunto operativo (DAO) y máximo uniformado del cuerpo, teniente general Manuel Llamas, donde recabó los expedientes de esas tres informaciones reservadas.
Por este motivo, el juez Pedraz ha citado como testigos a dos generales que lideraron la UCO, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, tras desvelar ante agentes de esta misma unidad haber recibido presiones. También se ha citado a los instructores de las informaciones reservadas, el jefe del Estado Mayor de la Benemérita y Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad.