Ni plan A ni plan B. El Ministerio de Hacienda está en contra de ceder la competencia de recaudación del IRPF a Catalunya y ya está. Da igual de qué manera lo quiera conseguir Esquerra Republicana. Así se expresan en declaraciones a ElNacional.cat fuentes del departamento liderado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; después de que Oriol Junqueras anunciara que su partido intentaría conseguir la cesión a la Generalitat de este tributo a través de enmiendas a la nueva ley de financiación, un movimiento con la voluntad de “desatascar” un acuerdo alcanzado a cambio del apoyo a la investidura de Salvador Illa como president.
Este martes, con las negociaciones entre republicanos y socialistas embarrancadas, Oriol Junqueras anunció que su partido retiraba la proposición de ley de cesión del IRPF a Catalunya que presentaron en el Congreso de los Diputados. El líder republicano admitía que la negociación sobre esta carpeta es muy compleja. De hecho, fuentes del entorno de la vicepresidenta Montero señalaban hace unas semanas que si ERC “no rebajaba su posición de máximos”, no habría ningún acuerdo; menos todavía antes de las elecciones andaluzas, donde ella se presenta como candidata del PSOE.
Así, Esquerra optaba por un plan B: retirar la ley y convertir el contenido de la norma en enmiendas a la ley de reforma del sistema de financiación. El nuevo modelo fue negociado precisamente entre el propio Oriol Junqueras y Pedro Sánchez en más de un encuentro; un acuerdo que se escenificó en una reunión pública en el palacio de la Moncloa entre los líderes socialista y republicano. El texto definitivo de esta nueva ley del sistema de financiación, sin embargo, todavía no existe. Porque la vicepresidenta Montero todavía tiene que hacer una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico con las autonomías para "profundizar en el modelo" y añadirle algunas modificaciones, y después celebrar una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el organismo en el que el Ministerio de Hacienda debate con las consejerías homólogas de las comunidades.
Las fuentes de este departamento español consultadas por este periódico insisten en que tanto da si dentro de unas semanas o meses los republicanos ponen en marcha este plan B. Están en contra de ceder de forma íntegra este tributo a Catalunya y se opondrán, ya sea porque se presenta una ley por separado o bien enmiendas en una norma sobre el nuevo modelo de financiación.
Un acuerdo desinflado con el tiempo
El pacto PSC-ERC para investir a Illa como president contemplaba que la Generalitat desarrollara la Agència Tributària de Catalunya para empezar a recaudar el IRPF a partir de 2026. Pero el acuerdo se ha ido desinflando con el tiempo. La comisión bilateral Estado-Generalitat ya ha borrado del mapa este punto clave que hablaba de un modelo que garantizara que "sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya". Y ahora ya se habla de una cesta de tributos en la que la responsabilidad fiscal queda definida a partir de la participación de las dos administraciones en la recaudación. Hacienda insiste en un modelo "en red" donde siempre haya coordinación entre agencias tributarias. "Nosotros decimos que no a darlo todo y que después el Estado no pinte nada", resumían hace unos meses a este periódico fuentes del Ministerio.