La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, anunció este lunes por la tarde un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia condenatoria a su antecesor. Álvaro García Ortiz fue condenado a una inhabilitación especial de dos años en el cargo por un delito de revelación de secretos. El alto tribunal sentenció que participó en el envío a los medios de comunicación de un correo electrónico de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el que confesaba haber cometido un delito de evasión de impuestos. Peramato aseguró en una entrevista en TVE que la Fiscalía "sigue trabajando en la misma línea" de defender la inocencia del ex fiscal general.
"La teniente fiscal me ha planteado su intención de interponer un recurso de amparo y he dictado un decreto designándola a ella para la interposición de este recurso", explicó Peramato en una entrevista en la que también quiso manifestar su respeto hacia el Tribunal Supremo. Sí que reconoció que "el proceso" de enjuiciamiento a García Ortiz "se vivió con mucha incerteza" dentro de la Fiscalía. "Yo no entraré a calificar una sentencia que respeto totalmente", señaló, pero añadió que "la Fiscalía siempre mantuvo una posición absolutoria porque creemos que los hechos no eran constitutivos de delito". "La respetamos, pero la Fiscalía continúa trabajando en la misma línea y se ha interpuesto un incidente de nulidad contra la sentencia que ha sido desestimado y ahora la teniente fiscal me ha planteado la intención de interponer el recurso de amparo", dijo.
Preguntada por si opina que la imagen del Supremo quedó "deteriorada" después de la condena a García Ortiz, Peramato respondió que "no es la primera vez" que la Fiscalía se enfrenta a resoluciones de este tribunal en las que "el voto no sea mayoritario o haya votos particulares". "Esto no pone en duda el ejercicio de las funciones judiciales", aseveró.
El juicio al fiscal general del Estado
El juicio a García Ortiz fue histórico. Era la primera vez que un fiscal general del Estado se sentaba en el banquillo de los acusados. Se juzgó la filtración y publicación en los medios de comunicación de los correos electrónicos en los que Alberto González Amador reconocía haber cometido un delito fiscal y pedía a la Fiscalía llegar a un acuerdo. La publicación del email desmentía un bulo difundido por el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y publicada en el periódico El Mundo: que había sido la Fiscalía quien había ofrecido este pacto, cosa que después se demostró que era mentira. Durante el juicio, múltiples testigos defendieron la inocencia de García Ortiz, especialmente los primeros periodistas que publicaron la noticia. No destaparon su fuente, pero aseguraron que esta no era el entonces fiscal general.
El Supremo consideró probado que “fue el entonces fiscal general, o una persona de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo”, a un grupo de periodistas. Desde el estallido del caso y en el juicio, García Ortiz asumió toda responsabilidad y admitió que ordenó hacer una nota informativa para desmentir lo que decían una parte de periódicos madrileños, que era la Fiscalía quien proponía un acuerdo. Ahora bien, negó haber filtrado el correo. El tribunal manifestó que "el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", y destacó que sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que infringió sin justificación.