El juzgado contencioso administrativo número 1 de Tarragona ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el grupo municipal de ERC de Tarragona contra el decreto de alcaldía que permite al Ayuntamiento retirarse como acusación particular del caso Inipro. Según los republicanos, la magistrada ha dado tres días hábiles, desde su notificación, al consistorio para que presente alegaciones. También han pedido medidas cautelares hasta que se resuelva el contencioso. Su portavoz, Maria Roig, ha reiterado, según recoge la agencia ACN, que la decisión de no personarse en la causa se tenía que aprobar en plenario: "No hay ninguna urgencia para hacer un decreto de este tipo, tiene que pasar por lleno porque es una decisión del Ayuntamiento". El alcalde Rubén Viñuales firmó el decreto el 27 de junio.
El caso Inipro investiga la presunta trama de corrupción en que se habrían desviado 276.157,31 euros del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) al PSC. La Audiencia de Tarragona está pendiente de señalar el juicio, que no llegará antes de 2024, ya que todavía se encuentra en fase de admisión de pruebas. Fiscalia pide penas de prisión para nueve personas que estarían involucradas en la supuesta trama de corrupción y a las cuales se les ha impuesto una fianza global 367.290 euros. Entre las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados, está el exalcalde de la ciudad, el socialista Josep Fèlix Ballesteros.
ERC se revuelve contra el nuevo alcalde por las decisiones sobre Inipro
ERC ya exigió el pasado 27 de junio al alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que se "retracte" y que "deshaga" el decreto para retirar el Ayuntamiento como acusación particular en el caso de Inipro. Los republicanos consideran que hay un conflicto de intereses y que, por eso, la decisión se tendría que tomar en sesión plenaria. A finales del mes pasado dijeron que a diferencia del exalcalde Pau Ricomà, quien firmó el decreto para personarse el consistorio en la causa, en este caso no hay ninguna justificación ni urgencia que avale la actuación de los socialistas. Ante el argumento de Viñuales de retirarse de la causa por razones económicas, el concejal republicano Xavier Puig se preguntó si también afectará a otros procesos judiciales como, por ejemplo, el de la explosión de IQOXE.
La concejala de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona, Maria Roig, corroboró las palabras de su compañero de partido y aseguró que "esta no es la manera de proceder" y que "es el pleno quien tendría que controlar y fiscalizar" este proceso. Unos argumentos que la republicana atribuyó a los asesores jurídicos. Roig también defendió el decreto de urgencia que firmó el exalcalde Pau Ricomà el año 2020, aseverando que entonces "sí que había un plazo" para personarse en el caso y, por lo tanto, se tenía que hacer rápidamente. "No vemos dónde está ahora esta urgencia como para actuar de esta manera", lanzó hace unos días Roig, quien mantiene que "se tendría que someter a votación de los grupos municipales" en sesión plenaria.