Justo hace un año que el Parlamente invistió a Pere Aragonès como el 132.º president de la Generalitat, el pasado 21 de mayo del 2021. La investidura fue posible por los pactos que ERC alcanzó por separado con Junts y la CUP. Ahora, 365 días después, el Govern calcula que el 92% de las medidas pactadas con la CUP ya está en marcha. En cambio, los anticapitalistas discrepan de esta cifra y ponen un suspenso al cumplimiento del pacto, motivo por el cual mantienen la cuestión de confianza en Aragonès para el 2023. Una cuestión que el Govern rechaza porque los cupaires dijeron "no" a los presupuestos.

Un documento interno del ejecutivo catalán al cual ha tenido acceso la ACN revela que el 60,8% de los compromisos entre ERC y CUP ya se está ejecutando, el 24,3% se han planificado y el 6,7% se han concluido. Un total del 91,8%, para ser exactos. Este mismo porcentaje era del 80% en noviembre del 2021, según el Govern. Así pues, el cumplimiento de los acuerdos ha avanzado en doce puntos en estos últimos siete meses. En cifras absolutas, se contabilizan 71 acciones concretas pactadas con la CUP. Cinco de estos ya se han concluido (el 6,7%), dieciocho se han planificado para ejecutarlas (24,3%) y cuarenta y cinco se están ejecutando. Entonces, seis de los compromisos con la CUP todavía no se han iniciado (8,1%).

Las prioridades del Govern y los reproches de la CUP

El principal obstáculo del Govern para el cumplimiento del pacto con los anticapitalistas es el coste económico de las medidas, de acuerdo con la información servida por la ACN. Fuentes del ejecutivo apuntan que la economía es el gran problema para sacar adelante los acuerdos programáticos, en un 29,79% del total. En cambio, sitúan en solo un 10,64% el riesgo político como obstáculo para el cumplimiento del pacto. Según esta lista, la principal prioridad es desplegar un plan de rescate social para garantizar derechos y la cohesión social (24,05%), así como las políticas de vivienda y salud (un 12,66% ambas) y el orden público (10,13%). El Govern considera menos urgentes los acuerdos vinculados al municipalismo y la renta básica universal, con un 5,06% en ambas acciones.

Pero fuentes de la CUP consultadas por la ACN niegan que el acuerdo con ERC para la investidura de Aragonès se ejecute al ritmo que defiende el Govern, hasta el punto que ponen un suspenso al grado de cumplimiento de los compromisos y acuerdos programáticos. En este sentido, han recordado que será difícil que aprueben los presupuestos del 2023 si son como los de este 2022. Además, lamentan que no se haya producido ningún avance respecto de la confrontación democrática contra el Estado a partir de la acumulación de fuerzas. Solo reconocen avances en la internacionalización del 061 y en la renta básica universal, aunque critican que esta última ya no sea una prioridad del ejecutivo catalán. También critican la lentitud para plasmar los acuerdos sobre una energética pública y la recuperación de centrales eléctricas. Alertan sobre el plan de rescate social: si bien se han reducido las ratios a la educación primaria y secundaria, no se ha aumentado el personal. Tampoco se ha creado el grupo de trabajo juridicopolítico que tiene que hacer seguimiento y propuestas por el desarrollo y concreción del empoderamiento democrático y la conquista social. Finalmente, reprochan que el Govern no ha hecho ninguna propuesta después de que el TSJC tumbara el protocolo sobre desahucios.