El Govern ha asegurado este martes que ha decidido "asumir toda la responsabilidad política y jurídica" con respecto a la aplicación del 25% de castellano en las aulas catalanas. En una rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la portavoz, Patrícia Plaja, se ha negado a dar más detalles sobre cuáles son las intenciones del Govern en esta cuestión; pero ha insistido en que el Departament d'Educació defenderá la comunidad educativa "con el conseller al frente". Según la portavoz, el ejecutivo de Pere Aragonès ha sido "siempre claro" cuando ha manifestado que tiene "siempre" como prioridad "la protección de todo el personal docente, incluyendo a los equipos directivos y cualquier funcionario." "Es una línea claramente marcada", ha añadido desde la sala de prensa del Palau de la Generalitat.

 

Según Plaja, el Govern "trabaja para garantizar el modelo de escuela catalana, y eso pasa por modificar el marco normativo". Estas declaraciones de la portavoz llegan el día siguiente que se hiciera pública la respuesta que ha hecho el Departamento de Educación al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. En aquel texto, la Generalitat confirmaba que había recibido la sentencia que obliga a hacer un 25% de las clases en castellano, pero no entraba a concretar si acataría o no la sentencia. Ahora bien, el texto dejaba claro que la conselleria se hacía cargo de las consecuencias jurídicas del desacato de la sentencia, con el fin de blindar a los equipos directivos de los centros. "Os comunicamos que el órgano responsable del cumplimiento de la mencionada sentencia es el Departament d'Educació", dice el texto al cual ha tenido acceso ElNacional.cat.

 

Hay que señalar que la sentencia que obliga a la Generalitat a garantizar que el 25% de las clases de la escuela catalana se den en castellano proviene de una ley aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy. Esta ley quedó derogada cuando el ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó la Lomloe, que es la ley vigente y que insta al Govern a garantizar que los alumnos acaben su escolarización con las competencias básicas tanto de catalán como de castellano; sin entrar en porcentajes. Se trata de un marco legal que sí que encaja con el borrador que ha enviado el Govern a los centros educativos, que no concreta que el catalán tenga que ser la lengua única en las aulas catalanas y que pide que todos los alumnos tengan conocimientos suficientes de las dos lenguas.

Hace aproximadamente un mes el Govern se comprometió a proteger jurídicamente a los docentes de los centros catalanes. El ejecutivo de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya se comprometió a proteger con todos los medios a los profesionales que trabajan en la escuela catalana, ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de imponer el 25% de castellano a la escuela catalana. ¿Qué implica eso? Pues poner al servicio del personal docente y los equipos directivos los servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica de la Generalitat.