La defensa del catalán en las escuelas es una prioridad del Govern, y de aquellos que lo defiendan también. Uno de los primeros acuerdos adoptado este 2022 por el ejecutivo de ERC y Junts per Catalunya ha sido la aprobación de un acuerdo para defender el catalán y la cohesión en los centros educativos que prevé la protección jurídica de los docentes y los equipos directivos de los centros educativos que preserven el modelo de la inmersión.

El acuerdo del Govern llega después de diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que obligan a impartir el 25% de asignaturas en lengua castellana en algunos centros. Ante estas resoluciones judiciales contrarias al modelo lingüístico vigente, el Govern quiere actuar a todos los niveles y por|para todas las vías institucionales para proteger con todos los medios el profesorado, los equipos directivos y el resto de profesionales de escuelas e institutos, según ha apuntado la portavoz a Patrícia Plaja.

Protección jurídica

La protección del personal docente y los equipos directivos implica poner a su servicio los servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica de la Generalitat "ante ataques ilegítimos y la exigencia de responsabilidad, ya sea por vía política, penal, administrativa o de otra naturaleza". Al mismo tiempo, prevé exigir responsabilidades "por la vía correspondiente" a los responsables de ataques "a personas o colectivos por la defensa y el uso del catalán o por el ejercicio de sus funciones".

No discriminación por lengua

El acuerdo también afianza "la voluntad y el compromiso" del Govern con la escuela catalana y la enseñanza en esta lengua, que "ha tenido un papel relevante y ha ocurrido una herramienta clave para garantizar la cohesión social del alumnado a lo largo de estos años". Igualmente, pone énfasis en el hecho que el ejecutivo siempre ha defendido que el actual sistema de inmersión se basa en el principio de no discriminación por lengua y en el derecho y deber del alumnado de conocer "con suficiencia oral y escrita" tanto el catalán como el castellano al finalizar la escolarización obligatoria y en el derecho a recibir la enseñanza en catalán.

La portavoz del Govern ha destacado al informar del acuerdo que la lengua catalana "todavía está lejos de ser normalizada" y ha puesto como ejemplo el porcentaje de sentencias judiciales en catalán, que suponen en torno al 7% del total. Así ha hecho valer iniciativas como la adoptada recientemente para potenciar el uso del catalán en el ámbito de la justicia.

Imagen principal, manifestación en favor del modelo de escuela en catalán celebrada el diciembre pasado en Barcelona / Montse Giralt