Josu Erkoreka, vicelehendakari y consejero vasco de Seguridad, ha anunciado que se van a devolver todas las multas pagadas en el primer estado de alarma por el incumplimiento de medidas establecidas para frenar la pandemia que después fueron anuladas por el Tribunal Constitucional, con el objetivo de evitar situaciones de discriminación. En total, estima que ascenderían a unos 1,6 millones.

En una entrevista publicada por el diario Deia, el consejero reconoce que la resolución del Constitucional, que anuló algunas de las medidas del estado de alarma, con la correspondiente paralización de los expedientes de sanciones por su incumplimiento, "tiene un efecto desmotivador inmenso para quienes estamos gestionando la responsabilidad de la salud pública".

Fue a mediados de julio cuando, por seis votos contra cinco, un tribunal fracturado y después de semanas sin acuerdo, declaró inconstitucional el confinamiento general de la población del primer estado de alarma declarado de Pedro Sánchez. Así, los magistrados aceptaron parcialmente el recurso presentado por la extrema derecha de Vox, argumentando que el ejecutivo central suspendió derechos fundamentales con un instrumento legal que tan solo permitía limitarlas. 

Mucho esfuerzo para nada 

A lo largo del primer estado de alarma, explica, entre Policías locales y Ertzaintza pusieron 22.900 denuncias que "requieren un esfuerzo tramitador importantísimo" y que no fueron "un capricho, porque del cumplimiento de la normativa dependían la salud y la vida de muchas personas". Sin embargo, "el trabajo no ha servido para nada".

También advierte que la sentencia contenía "un mandato confuso", de manera que "se suspendieron los expedientes en tramitación, pero había otros casos". En concreto, había unos 5.200 pagados por pronto pago, mientras que "otras personas habían hecho sus alegaciones, se habían resistido, y habían esperado a la resolución final sancionadora. Las sancionadoras fueron unas 2.900", explica.

Efectos en los responsables 

Tras "un análisis jurídico contrastado", el gobierno Vasco ha llegado a la conclusión de que "la sentencia exige deshacer prácticamente todo el marco sancionador". Por ello, se ha decidido "no solo paralizar los expedientes, sino devolver lo ya pagado". Según lamenta, "eso está pendiendo en el ánimo de los responsables de Seguridad" porque ahora "tienen que salir a la calle a cumplir sus funciones y garantizar el cumplimiento de la normativa, y no se sabe hasta qué punto la actuación va a quedar en agua de borrajas porque va a venir por detrás un tribunal que va a echarlo todo por tierra". "Es un factor de desánimo importantísimo", advierte.

"Completo fracaso"

Después de la decisión del TC, el Partido Popular, a pesar de votar a favor de las tres primeras prórrogas, aprovecho la ocasión para criticar al presidente Pedro Sánchez. En su momento, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, calificó de "completo fracaso" la respuesta jurídica del ejecutivo español a la pandemia: "El estado de alarma fue inconstitucional y las comunidades autónomas no saben qué aplicar ahora para luchar contra el virus". 

Dos meses después, en setiembre, la justicia propinó un nuevo golpe al Ejecutivo de Sánchez: el segundo estado de alarma, también inconstitucional. El magistrado ponente de la causa, Antonio Narváez, consideró que la medida se encontraba fuera del marco constitucional. 

Un niño y su madre pasean por la calle vacía en pleno estado de alarma / Efe