El Gobierno Vasco ha reconocido a Mikel Zabalza como víctima de abusos policiales al concluir que su muerte en 1985 tras ser detenido por la Guardia Civil tuvo "naturaleza violenta" y fue "resultado de prácticas de tortura con posterior desaparición", por lo que indemnizará a su familia con 135.000 euros. Así consta en el dictamen de la Comisión de Valoración de las solicitudes de reconocimiento presentadas en virtud de la conocida como ley vasca de abusos policiales entre 1978 y 1999, cuyos miembros han reconocido de manera unánime su condición de víctima. A su entender se trata de una "muerte ilícita" precedida de "graves torturas, y tratos inhumanos y degradantes".
Este reconocimiento a Zabalza como víctima de vulneración de derechos humanos, al amparo de la denominada Ley de abusos policiales, tiene lugar 36 años después de la muerte del joven conductor de autobuses de 32 años y vecino de Orbaizeta (Navarra), que fue detenido por la Guardia Civil en un operativo antiterrorista. Zabalza, esposado, apareció 19 días después de la detención en el río Bidasoa. Posteriormente, se demostró, según el informe de los expertos de la comisión, que ni Zabalza ni el resto de detenidos pertenecían o colaboraban con ETA. De hecho, todos ellos, excepto el, fueron puestos en libertad sin cargos. La Comisión de Valoración considera, en su dictamen, "muy improbable, por no decir simplemente increíble", con los datos disponibles, la versión oficial que apuntaba a que huyó cuando guardias civiles le llevaron a localizar un zulo en Endarlatza, junto al río Bidasoa, punto al que el propio grupo de expertos se trasladó para analizar esta hipótesis.
Descarta la muerte accidental
La versión de que huyó y saltó al río cuando iba a mostrar a los agentes un zulo es "muy improbable por no decir simplemente increíble a la luz de los datos disponibles", afirma la Comisión, que lamenta que esas incongruencias no fueron debidamente consideradas en las distintas investigaciones judiciales. En el terreno judicial el caso fue sobreseído provisionalmente en 2010 por la Audiencia de Gipuzkoa al entender que no había "quedado debidamente justificada" que la tortura fuera la causa de la muerte. El tribunal consideró que había tres hipótesis al respecto: ahogamiento en el Bidasoa, sumersión en un medio líquido distinto -como una bañera- y asfixia violenta.
El informe destaca que "se trataría de un supuesto compatible, según un estándar suficiente de probabilidades, con hechos de naturaleza violenta, de etiología médico-legal homicida", como apunta el equipo pericial de la comisión, que considera "altamente improbable" e incluso "prácticamente descartable" que la muerte se produjera por "sumersión vital en el río Bidasoa", de forma accidental. A su juicio, son más verosímiles otras dos hipótesis apuntadas por los propios tribunales, que sobreseyeron la causa, de "sumersión en un medio líquido distinto" (que podría ser al practicársele 'la bañera') o por "otro método de asfixia violenta que no deje alteraciones macroscópicas".
El dictamen considera que se violaron los derechos humanos, "con manifiesta indefensión, del derecho a la vida precedida de graves violaciones a su integridad física, psíquica y moral, en forma de graves torturas y tratos inhumanos y degradantes" cuando estaba detenido. Entre la numerosa documentación analizada se encuentra la supuesta conversación, de la que existe grabación, en la que el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto confesaba al coronel Juan Alberto Perote, del Cesid, que Mikel Zabalza falleció como consecuencia de la tortura en el cuartel de Intxaurrondo.
Vulneración derechos humanos
En este sentido, apunta que, tanto para la familia como para las personas más allegadas a Mikel Zabalza Garate, resulta "un imperativo de justicia que las instituciones públicas adopten las medidas oportunas para que se produzca un reconocimiento oficial de la violación de los derechos humanos". "Aunque llegue tarde para Mikel Zabalza, debe producirse como ejercicio legítimo del derecho a la verdad y a la reparación que asiste tanto a las víctimas como a la sociedad en su conjunto, para que se conozca y quede constancia de lo que ocurrió en aquellos días de 1985", ha añadido. La Comisión, que recuerda que el reconocimiento de Zabalza como víctima no implica la atribución individualizada de responsabilidades y solo tiene efectos de "reparación e indemnización", censura también además el "trato inhumano y degradante" a la familia cuando preguntó a las autoridades por Zabalza tras su desaparición, así como "la ausencia palmaria de colaboración policial, cuando no obstrucción manifiesta" a la instrucción judicial.
Tras este reconocimiento este domingo 27 de febrero se celebrará una ofrenda floral en el caserío familiar de los Zabalza en Orbaizeta (Navarra) al que asistirán la consejera vasca de Justicia, Beatriz Artolazabal, la consejera navarra de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, y la presidenta de la Comisión de Valoración, Juana Balmaseda, además de allegados de Zabalza.