El informe de la Sindicatura de Cuentas, en el que se detectaron hasta 167 millones de euros en pagos indebidos entre el 2016 y en el 2024, sigue trayendo cola. Una semana después de que este se hiciera público, la CUP ha preguntado por la cuestión a la consellera Mónica Martínez Bravo, que ha negado de pleno que este dinero suponga un caso de irregularidades económicas. La diputada Pilar Castillejo, durante la sesión de control en el Gobierno de este miércoles en el Parlament, ha preguntado a la consellera por qué motivo el Ejecutivo reconoce los pagos indebidos a particulares (como ya hizo la semana pasada) pero no el enriquecimiento ilícito de las empresas que forman parte del sistema de Derechos Sociales, mientras la Oficina Antifraude está investigando el caso a raíz de la denuncia de un extrabajador que advirtió de numerosas irregularidades económicas por parte de las empresas.
Así, la consellera ha asegurado que los datos que revela el informe de la Sindicatura es una foto de cómo estaba el Depratament años atrás, no en la actualidad (teóricamente se sobre el ejercicio 2022, pero también se incluyen datos de años anteriores y posteriores) y ha agradecido la oportunidad de "ante la desinformación, hacer pedagogía". "La mayoría de los pagos que se identifican son de una señora que recibe una prestación de la dependencia y cuando se evalúa su situación económica, el Departamento se da cuenta de que ha pagado de más y empieza un procedimiento para que devuelva el dinero". "Eso no tiene nada que ver con una irregularidad, tiene que ver con el hecho que las instituciones están revisando si han pagado de más para corregirlo", ha añadido la consellera Martínez, que ha recordado que el Govern puso en marcha un plan de choque para mejorar la administración. El día en que se hizo público el informe de la Sindicatura, la titular de Drets Socials ya descartó que se tratara de un caso de malversación y lo atribuyó a la falta de herramientas digitales para poder hacer un mejor control. Precisamente, el hecho de que las prestaciones se otorgaran a través de diferentes plataformas digitales era uno de los reproches que hacía el ente fiscalizador.
"Negocio con los derechos de los niños a ser protegidos"
La diputada de la CUP no ha parecido demasiado satisfecha por la respuesta de la consellera y le ha pedido que audite con "consecuencias" las empresas que se habrían podido aprovechar del sistema, tal como denunció un extrabajador, y también que termine "para que eso no vuelva a pasar". Es decir, echar a las empresas que "hacen negocio con los derechos de los niños a ser protegidos" y que se internalice este servicio. A su vez, Martínez ha subrayado que el Departament, que quiso cerrar la doble crisis de la DGAIA cambiándole su nombre, ahora es la DGPPIA, ya ha anunciado esta auditoría externa y que las medidas que están implementando para reestructurar el servicio va "más allá" de las recomendaciones de la sindicatura de cuentas.