El Gobierno ha decidido a última hora dar marcha atrás y ha cancelado un contrato para diversas instituciones públicas —entre ellas el Ministerio de Defensa— de diez millones de euros que iba a ser adjudicado a Telefónica para la provisión de equipos de Huawei para la RedIRIS. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha tomado esta decisión "basándose en criterios de estrategia y de soberanía europea y española", según ha señalado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz.
El objetivo de la licitación era ampliar la capacidad de transmisión de la RedIRIS hasta 400 gigabits por segundo (Gbps), frente a los 100 Gbps actuales. "El contrato se cancela por motivos de estrategia digital y autonomía estratégica; se va a proceder a elaborar y publicar un nuevo contrato para renovar el equipamiento de una tercera parte de la RedIRIS con nuevo equipamiento, dado que el actual está finalizando su ciclo de vida útil", señalan fuentes de la cartera de Transformación Digital a la agencia Europa Press.
En concreto, la RedIRIS es una infraestructura que en la actualidad se basa en aparatos de la compañía china para enviar, recibir, dirigir y asegurar la información dentro de la red, es decir, el denominado equipamiento IP, que incluye 'routers' y 'switches', entre otros dispositivos. En esa línea, la intención del Ejecutivo es lanzar una nueva licitación para renovar un tercio del equipamiento de la RedIRIS debido a un "cambio de estrategia" en torno a esta red de fibra óptica de alta capacidad que da servicio a unos 500 centros académicos y científicos de toda índole, incluso del Ministerio de Defensa, y que cuenta con unos 5 millones de usuarios finales.
De hecho, el Gobierno no descarta sustituir a Huawei como proveedor de parte de los equipos de la RedIRIS, dado que, al ser preguntada sobre ello, González Veracruz se ha limitado a señalar que cuando se tengan las condiciones de la nueva licitación se darán a conocer los pliegos de la misma, por lo que no ha descartado que otra empresa ocupe el lugar de la firma asiática (en el contrato cancelado se especificaba que debían ser equipos de Huawei).
La cancelación de este contrato se produce semanas después de la polémica por los contratos cerrados por el Gobierno con la filial española de la multinacional china Huawei, por un valor de 12,3 millones de euros, para gestionar y almacenar las escuchas telefónicas judiciales y policiales. Pese a las críticas del PP, el ejecutivo de Sánchez había asegurado en todo momento que las comunicaciones y la ciberseguridad en España están "totalmente garantizadas y a los más altos estándares europeos".