El Govern ha optado por pasar de puntillas por encima de la polémica generada en torno a la heladeria de Gràcia que reprochó a una clienta que quisiera ser atendida en catalán. La portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, se ha limitado a asegurar que el Govern seguirá garantizando el uso del catalán y ha rechazado el boicot organizado contra el local que, según denunció un consejero de ERC del distrito de Gràcia, tildó de "maleducada" a una cliente por hablar catalán en el "Reino de España".
"El Govern de Catalunya ha trabajado, trabaja y trabajará para asegurar la oficialidad del catalán y, por lo tanto, uso del catalán; o dicho de otra manera que cualquier persona que lo quiera, sea atendida en catalán, tal como el marco normativo recoge," ha asegurado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo, la primera después del paréntesis del verano.
No obstante, y teniendo en cuenta que precisamente la polémica ha sido provocada por el incumplimiento de la normativa lingüística que obliga a los comercios a atender a cualquier persona que se dirija en catalán o en castellano, la portavoz del ejecutivo se ha limitado a asegurar, al ser interrogada sobre si es necesario reforzar esta norma, que el Govern seguirá haciendo "lo que ha hecho hasta ahora". "Quiero ser muy clara y contundente. Seguiremos garantizando como hemos prestado hasta ahora la atención al catalán en Catalunya", ha remachado.
Lengua de cohesión
La consellera sí se ha referido, sin embargo, a la polvareda levantada por el boicot a este establecimiento por parte de sectores independentistas —que ha atizado también la reacción en sentido contrario de la derecha y ultraderecha españolista—, la portavoz ha dejado claro que el Govern no comparte "actuaciones de fuerza", como son los boicots. Ha destacado que el catalán es una lengua de cohesión y así lo ven la mayoría de los catalanes.
"Nos alejaremos de situaciones que utilicen la lengua como elemento de confrontación", ha remachado, además de aprovechar para reclamar una vez más que todas las fuerzas parlamentarias se sumen al pacto del catalán.
La respuesta de la consellera ha resultado mucho menos directa que la que protagonizó el Ayuntamiento de Barcelona. El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, dejó claro el pasado jueves que "hay una normativa que debe cumplirse", sobre todo en un momento de descenso del uso social de catalán. "Tenemos una situación de emergencia lingüística con respecto a nuestra lengua. Hay una falta de uso social del catalán, una de las señas de nuestro país", aseguró Batlle en declaraciones a Rac1, además de remarcar que es necesario crear instrumentos para hacer cumplir la normativa.