El govern de las Illes Balears, en manos del PP con apoyo externo de Vox, destinará 750.000 euros a la denominada "Oficina de Libertad Lingüística", el nuevo organismo sustitutorio de la Oficina de Defensa els Drets Lingüístics para luchar contra "la imposición del catalán" y que será gestionado por Vox, de acuerdo con el pacto de estabilidad entre 'populares' y lo extrema derecha. Esta nueva oficina tendrá la función de gestionar denuncias de personas que vean un ataque o una amenaza a su "libertad lingüística" en cualquier espacio, y sancionar con multas de hasta 100.000 euros, según las intenciones expresadas por Vox.
Aunque se aprobó este verano pasado, la oficina se pondrá en marcha en enero del próximo 2024, una vez estén vigentes los nuevos presupuestos, y nace con el objetivo de "restablecer la normalidad en el uso del castellano de forma libre y garantizada en esta comunidad autónoma, que es lengua común de todos los españoles y que ha estado discriminada durante los últimos años", según las explicaciones que dio Vox, los gestores del órgano previo pacto con el PP. Una medida que el mismo líder de la formación ultraderechista, Santiago Abascal, celebró como un acuerdo "histórico y muy razonable", con el cual "poner fin a la imposición del catalán en las aulas y que los padres puedan escolarizar sus hijos en español a todas las etapas educativas".
"Plan piloto voluntario" para la escolarización en castellano
En este sentido, la Oficina no es la única medida contra la inmersión lingüística en catalán en las Baleares, ya que el gobierno de Marga Prohens ya ha anunciado también este noviembre que pondrá en marcha "un plan|plano piloto voluntario" para los centros escolares,"para ofrecer a los padres o tutores legales la elección de la primera lengua de enseñanza en las materias no lingüísticas", el curso que viene, después de pactarlo PP y Vox. El plano piloto se aplicará "con las medidas organizativas o pedagógicas que pueda haber, como desdoblamientos o agrupamientos de ciclos," ha explicado el conseller de Educación balear, Antoni Vera, que ha subrayado que "en todo caso se respetará la autonomía de centro, no habrá segregación por cuestión de lengua y se cumplirá el Decreto de Mínimos que garantizará el 50% de la lengua propia".
También en la sanidad pública
No solo a la educación, sino que en la sanidad pública balear también hay una ofensiva de PP y Vox para buscar el uso del catalán: este septiembre, el gobierno de Prohens eliminó el requisito de conocer la lengua autóctona de las Islas para ejercer como médico o enfermero, argumentando que esta condición va que muchos profesionales sanitarios no vayan a trabajar en los hospitales baleares. Saber catalán, pues, será considerado un mérito, y no un requisito necesario.