El Govern se personará como acusación popular en el caso de la menor a cargo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, la DGAIA, tal como ha anunciado la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que se ha referido a este escándalo por primera vez. Este lunes, se conoció que la Fiscalía pide 107 años de prisión para un hombre que violó reiteradamente a esta niña de 12 años a cargo de la DGAIA en Barcelona, aparte de anunciar a la niña en aplicaciones de citas para que otros hombres la violaran conjuntamente mientras los grababa. El hombre, de 45 años y electricista de profesión, conoció a la niña, que sufría una situación de extrema vulnerabilidad a través de una aplicación, Badoo.
No se puede personar en el primer caso
Todo y el anuncio de la consellera, la Generalitat ya no se podrá personar como acusación popular en la primera causa, contra el electricista que violó y prostituyó a la menor, puesto que la instrucción ya está cerrada y en la fase intermedia para ir a juicio, según informan desde el gabinete de prensa del TSJC a ElNacional.cat.
La Generalitat se podría personar en las otras dos causas abiertas, donde hay dieciséis hombres investigados -dos de ellos a prisión, incluyendo, el líder, el electricista-, que casi ya están concluidas y falta que los Mossos aporten los últimos análisis de móviles de los imputados. El magistrado que dirige la investigación, Francesc Miralles, tiene la última palabra. La Generalitat no se ha personado como acusación particular porque no tenía la tutela de la niña de 12 años, cuando fue abusada el 2020, sino su guarda administrativa. Además, la administración catalana podría haber sido acusada y ser responsable civil subsidiario de lo que sufrió la niña, que tenía a su cargo.
Crisis en la DGAIA
"Es evidente que la DGAIA necesita una transformación profunda y eso ha sido evidente muchos años", ha asegurado la consellera desde Balaguer. La DGAIA ha estado en el centro de la polémica desde hace meses, y hace solo unas semanas Martínez Bravo cesó la dirección escogida el pasado mes de agosto. El martes ya se anunció que el departamento abriría un expediente y su intención es "llegar hasta el final", reiterando su "rotundo rechazo" a los hechos "aterradores e inaceptables" que sufrió la menor. "Tenemos que revisar todos los protocolos para asegurarnos de qué hechos como estos no vuelven a pasar nunca más", ha manifestado. Con el expediente informativo se tiene que repasar la cronología e "identificar espacios de mejora". Martínez Bravo también ha pedido comparecer en el Parlament para dar explicaciones.
"Hay que modificar todo lo que sea estructural"
Horas antes, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha lamentado que haya habido un "error muy grave" en el caso de la menor, víctima de una red de pederastia. Ha planteado la necesidad de "modificar todo lo que sea estructural para evitar este tipo de casos", añadiendo que el ministerio está en contacto con la Generalitat y la delegación del Gobierno en Catalunya. "Se han abierto todos los procedimientos internos y confío profundamente en la investigación policial y, en su caso, en la judicial", ha añadido.
La advertencia de los educadores sociales: "No es una excepción"
A raíz de este escándalo, el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya (CEESC) ha manifestado que el caso del menor “no es una excepción”. Según el colectivo, "hace demasiado tiempo" que "desde varios espacios profesionales" se alerta de "deficiencias estructurales" en el sistema y de "falta de recursos y reconocimiento" a los equipos profesionales. En este contexto, el CEESC reclama un reconocimiento explícito a la labor de los educadores que "supieron detectar indicios de abuso" y exige un "cambio profundo" en las políticas de infancia y adolescencia. Además, pide que el “relato mediático” no ponga a la víctima en el centro de la atención, sino que se señale claramente la responsabilidad de los agresores.