Manuel García-Castellón es el juez que instigó la cruzada contra Carles Puigdemont investigándolo por terrorismo por el Tsunami Democràtic. Su imputación se conoció justo cuando el PSOE y Junts encarrilaban la recta final de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Y, durante la tramitación de la ley de amnistía, el magistrado utilizó la instrucción para intentar torpedear la aprobación de la norma del olvido penal o, al menos, excluir de ella al líder de Junts. Sus maniobras obligaron a retocar la redacción para blindar al máximo posible todos los casos amnistiables e intentar garantizar que el perímetro de la ley no quedara en papel mojado (a pesar del posterior desacato del Tribunal Supremo). Finalmente, la causa quedó en papel mojado por un error formal que desguazó su persecución. El juez, que se jubiló el pasado mes de septiembre, publica ahora un libro repasando su trayectoria: Habla, para que se conozca (Deusto, 2025). También lo firman Ernesto Sáenz de Buruaga y Luis del Val. De hecho, en algunos pasajes no acaba de quedar claro quién verbaliza qué.
El libro justifica que la imputación por terrorismo “respondía a la gravedad de los hechos” y a la “persistencia del movimiento independentista en tratar de subvertir el orden constitucional”. “Aquel 6 de noviembre [el día que se supo que investigaba a Puigdemont], sintió la consabida soledad del juez, y el peso de su responsabilidad. Sabía que iba a tener una enorme repercusión y que se estaba metiendo en un problema al que los políticos iban a entrar de lleno”, apostilla. A partir de ese momento, empezó la “mayor operación de Estado” que “se recuerda en democracia” para “cambiar el criterio de un juez sometiéndolo a los intereses estrictamente electorales del partido en el Gobierno”.
La investigación sobre Tsunami Democràtic fue “muy compleja” y se prolongó “casi cuatro años debido a la necesidad de analizar los grandes volúmenes de información obtenidos en los registros judiciales, en particular los dispositivos electrónicos incautados, que requirieron un minucioso trabajo de extracción y análisis de datos”. “A lo largo de 2023, los investigadores fueron entregando por partes sus informes al juzgado, que el juez revisaba, analizaba y estudiaba. Por tanto, no hubo ni sorpresas ni improvisaciones cuando en noviembre llegó a sus manos el informe definitivo”, añade. Y justifica sin tapujos, de propia voz, la persecución contra el independentismo: “Intentaban confundir a la gente, diciendo que aquello era judicializar la política. ¡Claro que se judicializa todo lo que se tenga que judicializar! Los políticos, como cualquier otro ciudadano, pueden cometer delitos, también los mismos jueces. […] Judicializar la política es lo mismo que judicializar cualquier otro ámbito. Aquí todo el mundo es ciudadano y tiene que responder por sus actos”.
La imputación de Puigdemont en medio de las negociaciones con el PSOE: “No se puede paralizar un procedimiento por razón espurias”
Volviendo a otoño e invierno de 2023, el libro recuerda que en España ha habido una doctrina no escrita para no llamar a declarar a ningún político cuando se acercan unas elecciones para no influir en el voto. “Es una costumbre que el mundo político considera de obligado cumplimiento”, subraya el libro. En un primer momento, el juez “consideró posponer la citación para la declaración voluntaria” de Carles Puigdemont como investigado (era eurodiputado y estaba aforado) y pensó que “tal vez era mejor evitar el impacto político y mediático” para “preservar la causa”.
“Sin embargo, retrasar la declaración equivalía a adoptar un criterio jurídico por causas extrajurídicas, y no podía hacerlo. Su concepto de la justicia lo obligaba a olvidarse de todo eso y a centrarse en los sólidos indicios que tenía a partir del informe de la Guardia Civil”, esgrime el libro. “Lo que no se puede hacer, cuando los indicios son sólidos, es paralizar un procedimiento por razones espurias”, argumenta el juez. Y justifica su hoja de ruta: “Si el objetivo del juez hubiese sido perjudicar esas negociaciones, lo habría hecho después de que se cerrara el acuerdo político, para dificultar aún más las negociaciones”.
Atribuye el archivo de la causa contra Puigdemont por el Tsunami a la “falta de recursos”
Finalmente, a principios de julio de 2024, Manuel García-Castellón se vio obligado a archivar la causa porque la instrucción se había prorrogado con un día de retraso. Él tenía encima de la mesa la investigación sobre Marta Rovira y otras diez personas, mientras que Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg estaban investigados en el Supremo. El portazo (obligado) de García-Castellón desembocó en el archivo de las dos causas, que quedaron en papel mojado. Meses después, el juez considera que “debió haber salido a explicar la realidad de los hechos, para poner fin a tanta manipulación”. Es decir, hacer hincapié en el hecho de que se trataba de un error procesal formal.
Y ahora aprovecha el libro para excusarse: “A lo largo de la investigación, se habían abierto múltiples piezas separadas, lo que complicó enormemente la labor, ya que el juzgado no cuenta con los medios materiales suficientes para manejar tantos casos de tal envergadura. La perdurabilidad de todos estos sumarios depende en gran parte de los funcionarios auxiliares y, en muchas ocasiones, esta falta de recursos dificulta mucho los procesos”, lamenta. Esto llevó a que “nadie” se diera cuenta de que el 29 de julio vencía el plazo “porque el procedimiento era secreto”. “La ausencia de un sistema informático fiable que alerte sobre los plazos de instrucción dificulta la tarea del juez: no olvidemos que está pendiente de cientos de intervenciones telefónicas y procedimientos abiertos”, esgrime el libro. “En este caso, ni la Fiscalía, ni el juzgado, ni los abogados pudieron detectar el problema a tiempo, lo que pone de manifiesto una deficiencia estructural en nuestro sistema judicial”, remacha. “El juez fue el primero en lamentarlo”, reconoce.
“Fue muy triste ver al Estado a los pies de un presunto delincuente”
“Para García-Castellón, fue muy triste ver al Estado a los pies de un presunto delincuente”, recoge el libro. El juez cree que, a raíz del acuerdo entre el PSOE y Junts, comenzó una “batalla sin cuartel” contra la justicia española “sin el menor respeto a la separación de poderes del Estado”. “A menudo se daba a entender que hay una camarilla de jueces que se reúnen, como en los clubes liberales del siglo XIX, para derribar gobiernos”, añade. “Ese oportunismo político hizo aumentar la desconfianza de la sociedad hacia el Estado de derecho”, lamenta.
Y, llegados a este punto, el libro despliega una ofensiva dialéctica contra la ley de amnistía: la presenta como la “mayor agresión” contra la Constitución con “fines estrictamente partidistas” y expresa que “confía” que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la tumbe. “No es que se les perdonara su delito, sino que era el Estado el que les pedía perdón y asumía su propia culpabilidad”, critica. “Supone reconocer que fue justo el procés e injusto el proceso que lo reprimió, lo que significa un golpe mortal para el Estado constitucional”, añade. “A los separatistas se les permite saltarse la ley, hasta que el poder judicial los obliga a cumplirla, momento en que los poderes políticos los amnistían, no por el interés general, sino por siete míseros votos”, apostilla.
Tampoco ahorra reproches a la sentencia del Tribunal Constitucional. “De acuerdo con esta interpretación, sería legítimo tramitar una ley a favor de la esclavitud”, arguye. Y cree que ha sido una reforma de la Constitución por la puerta de atrás: “El Constitucional ha modificado en la práctica, mediante ciertas interpretaciones, el alcance de algunos preceptos de la Carta Magna, lo que equivale a una reforma encubierta sin pasar por las mayorías cualificadas que exige la Constitución”.
La teoría “falsa y desquiciada” del lawfare
Manuel García-Castellón también sale al paso de las acusaciones de lawfare. En el libro, considera que la “supuesta existencia del famoso lawfare contra el llamado gobierno de progreso” es una “teoría falsa y desquiciada”, expresa su “asombro y desconfianza” por la “tenacidad” del Gobierno en su “intento de atar en corto al colectivo judicial” y critica que, con las denuncias de prevaricación, “se está jugando con fuego, atizado por un Gobierno que actúa por la conveniencia política de ganarse los favores políticos de Junts, que siempre pone un precio muy alto al Estado”.
“Lo preocupante es que, desde las instituciones públicas, se descalifique a aquellos jueces que se atreven a discrepar de determinados actos y se los acuse de prevaricación, lawfare o corrupción, y sin pruebas ni indicios”, verbaliza directamente el juez. “Los propios ciudadanos acaban desconfiando de la Justicia. Esa desconfianza, a su vez, engendra en ellos el sentimiento de desamparo e indefensión. Ése es el veneno que, una vez inoculado, facilita el auge del populismo y el extremismo, antesala de la tiranía”, añade.
“Las dinámicas del procés parecen haberse extendido a la política nacional”
Manuel García-Castellón aprovecha para disparar dardos en dirección a la Moncloa. Considera que la Fiscalía General del Estado “se ha convertido en otro apéndice más del Gobierno” y que, con el tiempo, “se han ido confirmando” las “sospechas de parcialidad”, cosa que “ha deteriorado la imagen de la institución”. Además, denuncia que el ministro Félix Bolaños muestra su “manifiesta deslealtad a los jueces”, cree que la credibilidad de las instituciones está “bajo mínimos” y reprocha una “ofensiva dolorosa, injusta e insólita” contra la justicia española con el “claro objetivo de controlarla y terminar con su independencia”. “Las dinámicas del procés parecen haberse extendido a la política nacional”, arguye.
“Es la operación para continuar con el desmembramiento del Estado de derecho que conocemos hoy que se completa con […] todo lo que se necesita para que el derribo de la España constitucional siga adelante”, reitera. “La actual degradación de nuestra democracia es un proceso consciente, a través del simultáneo deterioro de la Justicia: su politización, la falta de respeto a su independencia, la manipulación de los nombramientos, las presiones directas a los magistrados y las descalificaciones”, remacha el juez.
La “debilidad” del CGPJ para “impedir el deterioro” de la imagen de la Justicia
Finalmente, también recela del papel que ha tenido el Consejo General del Poder Judicial frente a las críticas de los políticos. “No está dotado de medios eficaces para garantizar la independencia de los jueces y magistrados e impedir con ello el deterioro de la imagen de la Justicia”, lamenta. Y subraya que la “debilidad” del CGPJ ha sido “manifiesta” cuando, después de “cada ataque a la independencia” de la justicia española, “se ha limitado a hacer algún tipo de declaración genérica sin efecto práctico alguno, más allá de evidenciar la vulnerabilidad del juez afectado”.