Más presión del Poder Judicial. El juez Manuel García Castellón ha acordado que también investiga al president Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democràtic, abierta por el delito de terrorismo, y le ha ofrecido acciones para que se persone "voluntariamente" a la causa mientras pide el suplicatorio porque es aforado en el Parlamento Europeo para poder imputarlo. En la resolución, conocida este lunes, el juez imputa más personas, entre ellas Marta Rovira. La Guardia Civil entregó el viernes un nuevo informe al magistrado en el que aseguraba el liderazgo de Rovira, solo a partir de unos mensajes de móvil, y ahora el juez ha dado el paso de imputar a la secretaria general de ERC.
La causa de Tsunami Democràtic es una de las que estarían en el borrador de la ley de amnistía que intentan pactar el PSOE, ERC y Junts. Los investigados de Tsunami son: Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabani Massip, Oleguer Serra, Marta Rovira Vergés y Josep Lluis Alay Rodríguez, entre otros y, como en el caso de Puigdemont, ofrece que se persone de forma voluntaria Rubèn Wagensberg porque es aforado y diputado de ERC en el Parlament.
Sin pruebas directas
El magistrado sostiene que “Tsunami Democrátic, de forma indiciaria, fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, la finalidad esencial del cual era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económicamente y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”.
No hay ninguna prueba directa contra el presidente Carles Puigdemont. En la resolución, el titular del juzgado Central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional sostiene que el president Puigdemont "es una de las personas de las cuales está acreditado indiciariamente, a la vista del análisis de la agenda de Alay, que acudió a las reuniones que se celebraron en Ginebra los días 29 a 31 de agosto de 2019, y donde pudo haberse planificado la actuación de Tsunami Democràtic". Su nombre —añade— aparece en un mensaje que figura en el dispositivo analizado de Josep Lluis Alay, jefe de la Oficina del president Puigdemont, enviado por el periodista Jesús Rodríguez: "El lunes 26 de agosto se darán a conocer los perfiles de la campaña Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Supongo que desde ÒMNIUM informarán directamente al presidente PUIGDEMONT. Te lo adelanto para que tenga constancia". Añade, que al acto de Ginebra también asistió Marta Vilalta, portavoz de ERC.
De terrorismo y desórdenes
A pesar de las pocas pruebas, el magistrado concluye que desaparecido el delito de sedición, hay indicios para investigar los hechos de Tsunami como terrorismo, aunque también por el delito de terrorismo en concurso con el de desórdenes. Razona que "el análisis de los hechos expuestos no permite excluir, en absoluto, que Tsunami Democràtic pudiera tener la consideración de "grupo terrorista, teniendo que aclarar si se llegó a materializar su actuación con alguno de los delitos del artículo 573 Código Penal, y cita contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos, en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, barcos u otros medios de transporte colectivo o de mercancías. Además, sostiene que "resulta especialmente significativo subrayar que existen indicios suficientes de la calificación, al menos, de los delitos de falsificación documental y daños, además de delito de riesgo catastrófico".
En la resolución, el juez también cita como testigos a la portavoz de ERC, Marta Vilalta y el líder abertzale Arnaldo Otegi para que expliquen si participaron en esta reunión en Suiza. La causa de Tsunami reaviva cuando el mismo juez había insinuado que derivaría el caso a los juzgados de Barcelona porque solo veía el delito de desórdenes públicos. Así lo pensaba la Fiscalía también, que ahora se tendrá que pronunciar. El problema es que desde hace una semana Vox y la asociación Dignidad y Justicia también están en la causa, como acusación popular, lo cual puede hacer mantener la causa en la Audiencia Nacional, como ahora también quiere al juez.